Caso Infraestructuras | La UDEF investiga cuatro empresas que facturaron más de 3,5 millones

Estas sociedades encartadas cuyos administradores tendrán que rendir cuentas ante el juez después de ser detenidos y puestos en libertad con cargos por la Policía Nacional, emitieron facturas falsas o irregulares por valor de 118.208,93 euros, según las conclusiones de los investigadores de la UDEF a las que ha tenido acceso ABC.

En concreto, la Policía Nacional llevó a acabo a principios de este mes de febrero las detenciones de M.M.L. y de E.G.L., por delitos de fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y grupo criminal y a una tercera persona J.C. -sólo identificada no detenida- por partícipe de estos hechos a título lucrativo, relacionados con estas cuatro sociedades.

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En esta misma investigación, ampliación de un atestado anterior, la UDEF dispuso que no se citaran a los responsables del área de Infraestructuras -la coordinadora, el jefe de la Unidad y el concejal- por estar ya imputados en sede judicial. En este 'complot' para emitir facturas estos empresarios habrían participado de varias formas en este entramado de irregularidades en el área de Infraestructuras.

De un lado, emitiendo facturas dentro del «Plan Aire» suministrando ropa de trabajo y calzado para unos 162 trabajadores sin que ninguna de estas tres empresas concurrentes tuviera en su objeto social la venta de ropa de trabajo o equipos EPIs. Es decir, se trataba de empresas de bricolaje, de hormigón con la única justificación firmada por el jefe de la Unidad de que «había pocas empresas con la capacidad necesaria para poder llevar a cabo dicha gestión».

Estos contratos para eludir la publicidad y competencia se «trocearon» en cantidades que no «superaran» los 15.000 euros de cantidad máxima de ahí, reseñan los investigadores en el atestado, «la similitud de los importes», que son de 14.977,90 euros, y de 14.988,77 euros ambos sin impuestos.Estas empresas también emiten facturas, ya acordes a su objeto social, como suministros para las obras Profea, por valor de 15.205 euros en varias calles de Ciudad Jardín, o trabajos de pintura y fontanería para Centros Cívicos como El Naranjo o incluso aseos del Recinto Ferial.

Facturas todas, que en declaraciones del capataz del esa unidad del Ayuntamiento de Córdoba «carecían del número de orden (ODO) que debería ir junto al nombre del edificio en cuestión donde se había realizado la reparación o suministro. Este mismo capataz revela a la UDEF que esas empresas citadas que han facturado no han trabajado en el departamento de fontanería y pintura , y que más concretamente, una de las facturas de pintura está «claramente inflada», denuncia.

En esta cascada de irregularidades, otras facturas emitidas por estas empresas fueron por trabajos de albañilería que facturaron, por ejemplo, en la Casa de la Juventud o en el Alcázar, y que tampoco se realizaron. Suministros eléctricos

Un cuarto bloque analizado por la UDEF corresponde a suministros eléctricos facturados por dos de estas cuatro empresas de trabajos que nunca se realizaron, según los propios capataces municipales. Se trata igualmente de facturas sin número de orden (ODO), que sería el procedimiento normal tanto para su certificación y comprobación a los efectos oportunos para conocer quién lo hizo; horas de trabajo o materiales empleados entre otras cuestiones.

En el propio departamento de electricidad los técnicos respondieron a preguntas de la UDEF que «esas dos empresas investigadas a la que correspondían esas facturas nunca han trabajado para este área ni les consta que haya suministrado material eléctrico a la Unidad de Infraestructuras». A esto se une el hecho de uno de estos empresarios era «titular real» de tres de estas sociedades en liza, y existe relación de parentesco con el titular de otra de ellas.

Esta facturación irregular fue posible, según explicaron los testigos de estas áreas de albañilería y electricidad a la UDEF, por la connivencia con el jefe de la Unidad de Mantenimiento de Colegios y Edificios Públicos, principal encartado en esta causa.

Por tanto, la explicación que da este testigo a cómo es posible que se emitan facturas sobre trabajos no realizados es que «alguien falsificaba los 'informes de necesidad'». Este hecho explicaría que existan facturas, empresas y trabajos, desconocidos por los capataces y por la administrativa del Área de Infraestructuras, «porque no existían albaranes ni habían pasado por esta administrativa», según revelan los testigos a la UDEF.

Estos agentes especializados en delitos económicos de la Policía Nacional solicitan además a la Autoridad Judicial que para «asegurar posibles responsabilidades pecuniarias de estos hechos que se investigan» proceda al bloqueo de las cuentas de estas empresas, sólo a los efectos de cargos y deposiciones, permitiendo únicamente ingresos y operaciones que aumenten el saldo.

El Grupo VI de la UDEF aclara al juez instructor en la causa en su atestado que no da por cerrada la investigación «dado el volumen de documentación y complejidad de algunos aspectos, lo que significa que los agentes continúan las gestiones sobre diferentes personas físicas y jurídicos, de los que continuará dando cuenta».