AVRA y Consistorio acercan posturas para regularizar la situación del Zarpazo de Lucena

Pérez dijo que, aunque esa opción no parece factible, AVRA ha planteado una sustancial rebaja del precio que pagarán las familias alojadas, apenas 98 euros, incluidos impuestos, de los que un 90 por ciento serán acumulables para ejercer la opción de compra en un plazo de diez años.

Con esta medida se persigue eliminar los altos índices de morosidad que tradicionalmente se han producido en esta promoción y regularizar la situación de los dos edificios que la componen, que en algunos momentos han llegado a contar con dos tercios de sus pisos okupados. En la actualidad solo quedan 11 viviendas okupadas y en todas ellas se han cursado ya los procedimientos para el desalojo.

El regidor lucentino señaló también que, de forma paralela a los «lanzamientos», AVRA se ha comprometido a contratar una empresa de multiservicio para que adecente las viviendas desocupadas y las zonas comunes para que sean inmediatamente otorgadas a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda social, en el que actualmente figuran un centenar de solicitantes. Pérez comentó que a través de estas actuaciones ya se ha logrado regularizar la situación de uno de los bloques y se trabaja en el otro, que concentra la práctica totalidad del resto de pisos ocupados.

En esta nueva coyuntura, AVRA también ha planteado solicitar a la Junta de Andalucía que medie con Endesa para lograr desbloquear la construcción de la subestación de energía eléctrica de Cabra, que debe dar luz a esta zona de expansión urbanística de la ciudad que, en la actualidad, carece de garantías de suministro, lo que impide la construcción de nuevas promociones.

Aunque el acuerdo es total entre las tres partes implicadas: los ayuntamientos de Lucena y Cabra y la propia AVRA, como promotores de la subestación, Endesa mantiene su negativa a garantizar potencia para las construcciones que se desarrollen de forma paralela a la de la nueva infraestructura diseñada en Cabra, lo que hace que algunos de los planes parciales afectados se nieguen a abonar la parte que les corresponde en la financiación de esta operación.