Las naves de Colecor, camino de una subasta sin comprador

Según consta en los estadillos de liquidación de ingresos mensuales del Consistorio a fecha del pasado 31 de marzo, tal cantidad, recogida en la partida de sanciones urbanísticas por recaudar, no se ha desembolsado. Ello significa que, acabada la vía de pago en voluntaria y activados los recargos y apremios correspondientes, al Área de Hacienda no le queda más remedio que volver a usar las garantías y bienes de Arenal 2000 que tiene trabados para intentar cobrar lo que a todos luces sería un regalo para las arcas municipales, pero también casi una utopía.

Hace justo un año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó en parte el recurso de la empresa de Gómez contra la cuantía de la multa, fijada hasta entonces en 24,6 millones de euros después de una primera rebaja administrativa del propio Consistorio años atrás. El bufete de Mariano Aguayo logró que el juez atendiera un recálculo de la sanción desde el coste de la obra (unos 14 millones de euros) variando el tipo porcentual que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) fija para esta clase de infracciones urbanísticas graves. Se había aplicado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo en principio el 175 por ciento sobre el valor de obra (el máximo) y el magistrado lo redujo al 145 por ciento, descontando también los 4,1 millones de recargos acumulados en el historial de la «multa más grande de Europa (sic)», según el propio líder de la oposición en el Consistorio.

Al no ser posible un recurso en casación, la sentencia es firme, por lo que a la maquinaria municipal no le queda más remedio que activar una subasta que ya intentó llevar a cabo hace dos años, pero se interpuso en su camino este fallo del TSJA. Según los propios plazos normativos, la puja podría producirse en septiembre próximo, una vez pasadas las elecciones municipales a las que concurre Rafael Gómez de nuevo. Una aspiración sobre la que mantiene cierta inquietud con otro proceso judicial de carácter fiscal de mayor calado y cuantía económica, y que puedo suponerle un serio varapalo.

ABC ha intentado recabar la opinión del delegado municipal de Hacienda, José María Bellido, quien ha declinado responder a la llamada de este periódico. Todo lo más que ha trascendido desde Capitulares según fuentes autorizadas es que «el expediente sigue su curso» y la negativa a facilitar cualquier dato bajo la restricción que la propia ley marca en estos casos. Lo cierto es que en el seno del PP saben que se trata de un tema sensible. No hay que olvidar que el caso de las naves de Colecor supusieron en su día una de las motivaciones del salto a la política de Rafael Gómez. El propio empresario ha reiterado hasta la saciedad su insolvencia para abonar adeudos de tal magnitud -aspecto contrario a los movimientos mercantiles de sus sociedades y su familia-.

Sea como fuere, la subasta no deja de ser un auténtico caramelo envenenado para las aspiraciones de las arcas municipales. Este almacén logístico de 60.000 metros cuadrados edificados sin licencia alguna consta en el Registro de la Propiedad con una serie de cargas importantes. La de mayor calado e índole hipotecaria, la que corresponde al Banco Popular por la cantidad de 27,4 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que esté interesado en acudir a esta subasta, no sólo tendría que preparar una importante suma de dinero para hacer frente al precio que se fije para ella en el expediente que ya trabajan los técnicos municipales. Además, tendría que rascarse un poco los bolsillos y las cuentas corrientes para asumir ese «lastre» hipotecario. Es imposible que haya ofertas, y tampoco que el Ayuntamiento opte a quedárselas, porque debería abonar el precio de salida y la traba hipotecaria. Doble gasto.

Una cuestión que choca, por ejemplo, con el último planteamiento del candidato a la Alcaldía por IU, Pedro García. La coalición de izquierdas, señalada en todo este culebrón pues bajo su mandato con Rosa Aguilar a la cabeza se consintió esta irregularidad urbanística, ha planteado ahora darle uso agroalimentario, propuesta que dejaría muy tocado al Consistorio que se vería obligado a quedarse a muy altísimo coste con el «estropicio» que permitió allá por la primavera de 2005.

Tampoco hay que dejar pasar por alto dos factores más que hacen de la subasta de las naves una cuestión más simbólica que real en su desarrollo y ejecución. Por un lado, el Ayuntamiento está a la cola de los acreedores de la empresa de Rafael Gómez. Como se sabe, en 2009, la primera multa derivada del primer expediente sancionador, le caducó en las manos al entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo Andrés Ocaña. Y el otro factor, de tinte político y urbanístico está en el también famoso plan especial Carretera de Palma del Río, el traje legal que se cortó en su día para tapar las vergüenzas de este caso y que ha ido dando los mismos tumbos por despachos oficiales y juzgados. Tras un fallo del Tribunal Supremo que volvía a suspender el segundo intento de plan urbanístico para adecuar lo ya edificado a la normativa vigente, el Ayuntamiento está obligado a tramitar un documento con las premisas que el fallo y la Junta de Andalucía consideran irrenunciables: usos (no comerciales) y superficie (habría que demoler casi la mitad).

Es aquí donde entra el juego político. Desde que se produjera la sentencia del Supremo, todo está en el aire. PP y PSOE se han lanzado dardos, pero manejando tiempos. Un tercer plan sin consenso, derivaría en más batalla. El acuerdo, daría, cosas de la vida, más aire a Gómez, que con el planeamiento aprobado, podría solicitar una nueva rebaja de la multa (hasta un 75%). Y vuelta a empezar.