El plan de la Colecor vuelve a los juzgados

El alto tribunal, cúspide del poder judicial, ha admitido parcialmente (uno de los dos argumentos jurídicos presentados) el recurso de casación contra el fallo, paralelo al que emprendió la Junta de Andalucía para que las naves de Colecor no llegaran a legalizarse como todos los grupos municipales habían votado.

La empresa se llama Proyectos Urbanísticos Atlantis y es uno de los propietarios de parcelas cercanas al Colecor, lo que el plan llama industrias históricas (por ejemplo, Agrogás) que el PGOU apuesta por mantener (en este caso, recuperar) y dar viabilidad. Esta sociedad no está de acuerdo en una cuestión clave: la parte aún vigente del plan especial de la carretera de Palma permite al Ayuntamiento salvar muchos metros cuadrados más de naves de Colecor en relación a lo que se le permitiría a las propiedades del entorno.

La clave del recurso planteado es que la empresa no quiere la anulación parcial que decretó el TSJA sino una integral, que devuelva todo el documento a los corrales. En estos momentos, los únicos artículos son los que fijan la edificabilidad máxima posible y los usos.

La sentencia inicial le dio la razón a la Junta que estimó que se dejaba en pie un número de metros cuadrados excesivos (25.000) y se ampliaban las funciones del edificio a la logística vulnerando el PGOU. El recurso fue interpuesto por el exconsejero Luis Planas generando un lío interno en el PSOE cordobés, que había decidido apoyar el plan especial. La sentencia fue una desautorización expresa al cambio estratégico de los socialistas sobre esta cuestión, que decidió su secretario general, Juan Pablo Durán.

El recurso planteado entiende que se le reconoce un interés social a las naves de Colecor que en puridad no deben tener en exclusiva si no es en pie de igualdad con los propietarios del entorno.

Desde que se conoció la sentencia, Urbanismo y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo que hasta el momento no se ha alcanzado. En abril, se cumplirá un año desde esa sentencia sin que las partes hayan dado muestras de alcanzar esa «entente cordiales» que permita aprobar un plan especial que se pueda aplicar sin visitar de nuevo los tribunales de justicia. Dado lo que queda de corporación, parece inevitable que este será un asunto para el próximo gobierno local.