La próxima Corporación decidirá el futuro del Consorcio de Bomberos

Este es el escenario que tanto Diputación como los ayuntamientos consorciados han consensuado para rebajar las tensiones por el incremento de las cuotas para pagar la deuda y para afrontar la nueva realidad del Consorcio tras la salida este año de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

La deuda contraída por los impagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria por las irregularidades entre 2001 y 2011 por la gestión del PSOE en la entidad de bomberos sigue siendo un quebradero de cabeza. Cabe recordar que este pufo alcanzó la cifra de 16,5 millones, de los que cuatro se tuvieron que pagar en 2012 para poder solicitar el plan de pagos, que acaba en 2017. Actualmente quedan por pagar más de 7 millones.

Por estas irregularidades y otras más están imputados el exgerente y exjefe de Contabilidad del Consorcio por malversación, en un juicio que arrancará en marzo, según anunció ayer el presidente de la entidad, Manuel Gutiérrez.

Este año, con el nuevo modelo de organización, la deuda vuelve a desestabilizar y a crear tensiones entre la Diputación y los siete ayuntamientos que compondrán la futura junta general del Consorcio (Puente Genil, Lucena, Priego, Montilla, Cabra, Baena y Palma del Río). El pago de intereses de la deuda en la recta final dispara las aportaciones de estos municipios, algunos de ellos con amenazas explícitas de abandonar la entidad por la elevada factura económica antes del acuerdo alcanzado el lunes.

Ante esta situación, el gobierno del PP en la Diputación ha hecho una propuesta, que consiste en asumir este año el 70 por ciento del presupuesto del Consorcio, de 15 millones de euros, «con carácter excepcional, ya que la ley establece que el resto de consorciados debe asumir el 50 por ciento», explicó Gutiérrez.

Además, el presidente del Consorcio señaló que el gobierno del PP en la Diputación también se ha comprometido a iniciar las gestiones para renegociar el plan de pagos de la deuda tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria a ocho años. Pero solo eso, la nueva Corporación deberá estudiar las condiciones de ese aplazamiento y decidir si en el presupuesto de 2016 realiza una aportación extra de 7 millones para saldar la deuda o en cambio acude a la prórroga del plan de pagos.

En este último caso, Diputación se compromete a asumir el 70% de presupuesto hasta que se liquide la deuda. Habrá que ver si la nueva Corporación respeta este acuerdo entre el actual equipo de gobierno de la institución provincial y los consorciados.

En caso del aplazamiento a ocho años, el Consorcio pagará como mínimo todos los meses 6.000 euros sólo en intereses. Pero es que la situación que se avecina en 2016 es «insostenible», ya que cada mes se tendrá que pagar más de 346.000 euros sólo en interés.

Así lo indicó el gerente del Consorcio, Juan Carlos Jurado, quien señalo que este año se tendrá que pagar 1,5 millones a la Seguridad Social en diferentes anualidades -112.030 euros mensuales de enero a junio y más de 139.000 euros de julio a diciembre- y más de 704.000 euros a la Agencia Tributaria en concepto de impago del IRPF; en total 2,2 millones de euros.