Vértigo

El hecho es grave. Desde luego, porque lo son sus consecuencias prácticas. No es para tomar a broma que Junqueras pueda presentarse a las elecciones. Esto, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente terrible es el contexto.

En efecto, si Sánchez no dependiese de Esquerra, sería aún posible, tras un ejercicio gigantesco de buena voluntad, aventurar que el presidente ha decidido lo que en su opinión es mejor para España. Esta aproximación piadosa queda totalmente bloqueada por el hecho de que los beneficiarios de la supresión del delito de sedición son vitales para la continuidad del Gobierno. Sánchez ha tomado la vía que ha tomado porque es lo que más le convenía… a corto plazo. El hombre que recomendó que se aplicara a los sublevados el delito de rebelión, más grave que el de secesión, es el que el ahora atropella los denuedos de los jueces por intereses estrictamente personales. Es ocioso, es absurdo, darle más vueltas al asunto.

Aragonés ha aplaudido la medida, fruto, según se desprende de sus declaraciones, de una negociación entre su partido y Sánchez. Y ha dejado bien claro que no renuncia a la independencia de Cataluña. Este es el segundo dato capital de lo sucedido anteayer. Tomemos el caso más simple: el del indulto. El indulto no humilla por fuerza al Estado ni a la ley porque va acompañado del arrepentimiento expreso del indultado. Aunque se levanta la pena, no se impugna el contenido de la ley. Aquí se cambiará la ley para que el condenado no tenga la obligación de renunciar a sus propósitos violentos. El que se retracta es el Gobierno, no el delincuente. Asistimos a un naufragio sobre la marcha de las reglas de juego que dan sentido al Estado de derecho.

Se confirma igualmente que la aventura de Sánchez no tiene marcha atrás. Sánchez irá hasta donde sea menester, salvo que, contra todo pronóstico, obtenga en los siguientes comicios una mayoría que le permita gobernar en solitario y sin dependencias peligrosas. Hipótesis enteramente implausible, o, incluso, estéril, puesto que, al ritmo actual, no sabemos hasta dónde habrá llegado el destrozo institucional así que pase un año. En este momento el TC está desaparecido, mientras se acumulan recursos vitales para el funcionamiento de la democracia. Su secuestro futuro por el Gobierno entra, además, dentro de lo muy verosímil, lo que se traduciría en una deslegitimación irreversible de la vida pública.

¿Y Feijóo? Su estrategia, hasta la fecha, ha sido racional: agachar el perfil para beneficiarse de votos tránsfugas del PSOE o de la abstención de quienes, pese a simpatizar con la izquierda, empiezan a pensar que el abismo está a un paso. La posición de Feijóo, sin embargo, no da ya mucho de sí. Un número creciente de votantes considera que el quebrantamiento constitucional continuado nos está sacando de la democracia convencional, y que el jefe del PP, en el supuesto de que termine aposentado en La Moncloa, se enfrenta a una tarea de reconstrucción históricamente excepcional, algo para lo que no basta un mero relevo en la cúspide del poder. Añadamos que en la ecuación entra la colaboración con un PSOE renacido. Verdaderamente, no envidio a Feijóo.