Adiós a las puertas giratorias, mérito y capacidad, entre las propuestas del PP para regenerar la justicia
González Pons insta al Gobierno a que, en paralelo a la renovación del CGPJ, acepte un pacto duradero que permita recusar a un fiscal general y dejar la elección de los doce vocales jueces en manos de la carrera
La propuesta del PP contempla que el caso de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no pueda repetirse
El plan de regeneración democrática que el PP ha puesto este lunes sobre la mesa, y que ha llamado Pacto para reformar la independencia judicial y la calidad democrática, tiene muchas medidas en común con las anunciadas en su día por Pablo Casado, que también ... puso como condición para sentarse renovar el CGPJ un nuevo modelo en el sistema de elección de vocales de procedencia judicial. La principal diferencia es que Casado quería plasmar esa elección directa por parte de los jueces en una proposición de ley, y en paralelo a la renovación, mientras que el PP de Feijóo deja las particularidades de este sistema de elección en manos del propio Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces. Serán ellos los que en un plazo de seis meses deberán decir al legislador qué modelo de elección directa concreto satisface a la carrera para elegir a sus doce representantes en el Consejo en la línea que marca Europa.
Junto a esta hay otras serie de medidas que abundan en la necesidad de despolitizar la justicia a través de una regulación de las puertas giratorias o la posibilidad de recusar al fiscal general del Estado si se considera que el elegido por el Gobierno no goza de la tacha de imparcialidad que debe predicarse de quien va a dirigir el Ministerio Público.
A continuación se detalla la propuesta de los populares para reforzar una independencia judicial que se ha visto mermada, a juicio de esta formación, con decisiones como la finalmente frustrada de reducir las mayorías (de cualificada a absoluta) para la elección de los vocales del órgano o la que se pretende aprobar el jueves quebrando la renovación constitucional de un tercio de los magistrados del TC que regula la Constitución.
1. Derogación de la reforma que en enero del pasado año prohibió al CGPJ llevar a cabo nombramientos estando en funciones.
2. Regulación de las llamadas «puertas giratorias». Los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.
3. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores.
4. Regulación de la Comisión de Calificación. Se establece nuevamente esta comisión con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales para motivar justificadamente los nombramientos.
5. Todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 de votos de los 21).
6. Nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Para ser nombrado magistrado del alto tribunal se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo.
7. El CGPJ recién nombrado presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales que garantice una «decisiva participación» de los propios jueces y magistrados en la elección.
8. Se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrá ejercer esta función quien haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.
9. Incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces, mil en cinco años.
10. Mantenimiento del actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición.
11. Modificación del magistrado autonómico. La terna formulada por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ.
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