El abogado de Santos Cerdán pide que su declaración como investigado se retransmita en directo a pesar de que sabe que no es posible

El letrado Benet Salellas, que defendió al expresidente de la entidad independentista Ómnium Cultural, Jordi Cuixart en el juicio del 'procés', es un experto penalista que sabe que las declaraciones durante una instrucción penal son a puerta cerrada para garantizar los derechos no sólo de Santos Cerdán, sino del resto de investigados en la causa, como son el exministro José Luis Ábalos y su asesor en Transportes, Koldo García.

En el escrito, el letrado transmite que la intención del político es la de la «mayor transparencia» y, en este sentido, pide que «siguiendo con esta clara voluntad de transparencia, esta defensa tiene intención de aportar toda la información a su disposición relativa a la situación patrimonial del Sr. Santos Cerdán León a los efectos acreditativos pertinentes en este procedimiento, información que nos gustaría que estuviera incorporada en el expediente el día de su declaración, conscientes además que esta obligación no incumbe solo al cargo público sino también a sus familiares directos, en este caso, esposa e hija. Es por todo ello que, para cotejar con los documentos que puedan ser aportados por esta parte, interesamos que mediante el Punto Neutro Judicial se obtenga toda la información disponible de los registros de los organismos públicos en su máxima expresión tanto del Sr. Santos Cerdán León como de su mujer y su hija».

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Salellas reconoce en su escrito que «es cierto que el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé el carácter reservado de las diligencias de la instrucción penal, pero también lo es que hay que considerar que el interés público en el contenido de las diligencias de este procedimiento está conllevando a la publicación -inevitable- en todos los medios y formatos de las grabaciones, transcripciones, declaraciones existentes en este sumario. Por lo tanto, el mandato del artículo 301 ha quedado de facto sin efecto».

Dicho artículo 301 de la LECrim establece que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley». El objetivo es asegurar el éxito de la investigación, así como proteger la presunción de inocencia de los implicados. La norma prevé multas de entre 500 y 10.000 euros para los abogados y procuradores que la incumplan.