El juez pide al Supremo que impute a Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

En la resolución que eleva al Alto Tribunal, Peinado explica que Bolaños pudo «participar» siendo secretario de Presidencia en el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y que pudo «conocer o controlar» las tareas llevadas a cabo por la misma, que habría percibido «retribuciones de una partida de presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado».

Además, le acusa de haber «omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando se le preguntó como testigo y bajo juramento» en abril de este año.

Cabe recordar que, entre otros asuntos, Peinado investiga si los trabajos realizados por la asesora de Begoña Gómez pudieran suponer una malversación de fondos públicos dado que, a su juicio, realizó actividades sólo en beneficio de la esposa de Pedro Sánchez.

Ante estos hechos, el magistrado explica que para ahondar en su responsabilidad penal es preciso que Bolaños declare como investigado y aporte documentación que pueda obtener de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno relacionada con ese nombramiento pero ante el Supremo. En este sentido, considera que esta pieza separada debe ser enviada íntegra al Supremo dado que los hechos son «inescindibles».

Peinado informa al Supremo de que, de lo investigado, Cristina Álvarez «ha sido nombrada, como personal eventual, con funciones de Directora de Programas, para asistencia a la esposa del presidente del Gobierno» y que «ha realizado funciones de atención a Begoña Gómez de carácter estrictamente privado, al margen de cualquier acto de carácter público o protocolario, que pudiera tener por su condición de esposa del presidente».

Añade que para ese nombramiento «no se realizó ningún tipo de proceso de selección» y que Álvarez «efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de Gómez sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas».

Y que dado que la actividad Gómez en ese ámbito privado se desarrollaba en vinculación con la Universidad Complutense de Madrid, y esa actividad estaba siendo difundida públicamente, «con gran despliegue de medios para que se conociera por el máximo número posible de personas, (...) la lógica conduce a que debe inferirse que estaba siendo conocida dicha actividad por los responsables superiores de la investigada Cristina Álvarez».

Por tanto, el juez entiende que «todos los sucesivamente responsables» de la Secretaría General de la Presidencia a la que estaba adscrita la asistente «tenían conocimiento» de cuáles debían ser las funciones de Álvarez, y que era «notorio» que realizaba trabajos de índole privado para la esposa de Pedro Sánchez.

Ahí enmarca el papel de Bolaños, y recuerda que en su declaración testifical de abril, en su despacho del Ministerio, «tras sucesivas reticencias», manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez lo habría realizado Raúl Díaz Silva. Sin embargo, recuerda que éste negó hasta en dos ocasiones que fuera así.

Peinado aclara en su resolución que pesa el delito de malversación sobre «todas aquellas personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público», y que Félix Bolaños tuvo condición de secretario General de la Presidencia desde el día 9 de junio de 2018, hasta el día 12 de julio de 2021, en el que es nombrado Ministro de la Presidencia.

«Consecuentemente, siendo (…) Bolaños ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino, nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron, cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva -la RAE indica que es sinónimo de 'perversa'- no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado como un testimonio falso», abunda.