Zapatero esconde su debilidad tras «decretazos», vetos y leyes-tapadera

El Gobierno utilizó la Ley de Economía Sostenible para camuflar una de sus normas más polémicas, la «ley Sinde», que fue rechazada

JAIME GARCÍA

MARIANO CALLEJA

06/01/2011
Actualizado a las 10:02h.

La debilidad política del Gobierno de Zapatero y su pérdida de confianza y credibilidad entre los ciudadanos le ha llevado a usar diferentes subterfugios legales en el Parlamento para camuflar debates e intentar aprobar sus propuestas con el menor ruido posible, y no sufrir más ... desgaste del necesario. Así, la oposición ha denunciado el abuso del decreto-ley por parte del Ejecutivo para sacar adelante medidas económicas anticrisis, pero también del veto a iniciativas y enmiendas de los grupos parlamentarios y de proyectos de ley utilizados como «tapadera» para esconder asuntos espinosos, como la frustrada y malparada «ley Sinde».

La Constitución reserva el uso del decreto-ley para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», y el Gobierno ha encontrado ahí un resquicio para aprobar por la vía rápida las medidas más impopulares, entre otras, con lo que se ahorra el largo trámite parlamentario. Hasta ahora se han convalidado 36 decretos-leyes, entre ellos el del «tijeretazo» social, la reforma laboral y también el último de las medidas urgentes contra la crisis económica, que un día, por sorpresa, anunció Zapatero en pleno rifirrafe parlamentario con Rajoy.

Con el «decreto-ley», apodado a veces como «decretazo» por lo que significa de imposición al Congreso, el Gobierno también aprobó la privatización de Loterías y aeropuertos, así como la supresión de los 426 euros para los parados de larga duración que se han quedado sin prestación y subió el impuesto sobre el tabaco.

Fue precisamente en ese real decreto-ley del 3 de diciembre donde el Gobierno introdujo una Disposición adicional segunda, sobre la actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo, que encendería esa misma tarde la mecha del caos de los controladores en los aeropuertos de toda España, con el consiguiente cierre del espacio aéreo y la declaración del estado de alarma el día siguiente. El Gobierno evitó referirse a esta disposición hasta que no apareció publicada en el BOE. Zapatero, por supuesto, eludió esta cuestión en el Congreso cuando relató el conjunto de las medidas que se incluían en el decreto-ley.

En esa disposición adicional se establece que la actividad aeronáutica anual de los controladores no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales. Y se añade que en el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales como imaginarias y periodos de formación, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral.

Así se aprobó esta controvertida medida sobre los controladores, por la puerta de atrás de un decreto-ley y de tapadillo. Muy parecido a lo que ocurrió con la «ley Sinde». En mayo de 2009, Zapatero anunció en el Pleno del Congreso un Ley de Economía Sostenible que impulsaría rápidamente la recuperación económica en España. En diciembre del año pasado, el Gobierno decidió por sorpresa introducir en esta ley, de contenido supuestamente económico y anticrisis, una disposición final que preveía el cierre de páginas web que faciliten sin permiso la descarga de archivos protegidos por derechos de autor, tales como películas, series o libros. El Ejecutivo, de nuevo, calló sobre esta disposición, que no salió a la luz hasta que no se denunció desde internet.

Un «pegote» en la ley

El Gobierno, en principio, sabía que podría contar con el apoyo de sus socios presupuestarios (PNV y CC) para sacar adelante la Ley de Economía Sostenible. El «pegote», como lo califica algún diputado, de la «ley Sinde» en el proyecto de ley estrella de Zapatero ocupaba dos páginas de las más de cien del conjunto de la ley. Los diputados socialistas admiten que fue un error garrafal intentar aprobar la «ley Sinde» dentro de la Ley de Economía Sostenible, ya que solo se consiguió centrar el debate político en ese punto y dejar en el olvido el resto de medidas que contiene su ley madre. Al final, solo se habló del fracaso de la disposición, que no tuvo apoyos.

Una de las herramientas más eficientes que ha utilizado el Gobierno para compensar su debilidad política y esquivar debates espinosos ha sido el veto, utilizado antes de la llegada de Zapatero a La Moncloa de manera muy excepcional. Solo esta legislatura el Gobierno ha vetado 80 iniciativas de la oposición, con lo que evitó no solo debates polémicos sobre la congelación de pensiones o la subida del IVA, sino también unas votaciones que habría perdido.

Rescatar autopistas con la ley postal

Otra «ley-tapadera» ha sido la del Servicio Postal Universal, aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre. Resultó ser la lanzadera utilizada por el Gobierno para inyectar 80,1 millones de euros a las autopistas en quiebra, como anticipo a cuenta a las empresas afectadas por la caída del tráfico en las vías de peaje, iniciativa que tendría continuidad hasta 2013 según la evolución del negocio. La medida de rescate iba a ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado, a través de una enmienda pactada entre PSOE y CiU, pero el veto del Senado a las cuentas hizo que los socialistas buscaran un vericueto parlamentario para sacar adelante la medida, aunque el resultado no fuera muy ortodoxo.

Pero para ley «cajón de sastre» no hay mejor ejemplo que la Ley Ómnibus, aprobada en diciembre de 2009, que modificaba nada menos que 46 leyes de carácter nacional, que afectaban a los sectores de energía, transportes, comunicaciones y sanidad, entre otros, para adoptar una directiva europea. El Consejo de Ministros calculaba que la «reforma estructural» de los servicios que supondría esta norma crearía hasta 200.000 empleos. Lo que consiguió fue una revolución del sector de taxi, que denunció una liberalización con un sistema paralelo «como el que hay en África y Suramérica».