Sebastián gastó 2,8 millones en abogados a cuatro días del 20-N

El contrato, adjudicado el 11 de octubre de 2011 al bufete Herbert Smith Spain, establece en 300 euros más IVA la hora la minuta asignada al despacho externo bajo el compromiso por parte del adjudicatario de «la asistencia jurídica con la diligencia de un despacho de abogados experto en realización de prestaciones objeto del contrato».

Entre las funciones asignadas al bufete por la Secretaría de Estado de la Energía —entidad proponente— figuran, entre otras, la del «análisis de los medios de defensa utilizables por el Reino de España, así como posibles alternativas de arbitraje»; la propia «preparación del arbitraje» ; el «apoyo a la actuación, tanto consultiva como de defensa, de la Abogacía General del Estado»; o la «preparación de informes, estudios y notas a petición de la Abogacía General del Estado».

La duración del contrato quedó fijada en cuatro años , prorrogables otros dos. Los pagos, de acuerdo con las condiciones estipuladas por el Ministerio que entonces dirigía Miguel Sebastián, se liquidarán trimestralmente, «con la presentación de la correspondiente factura, mediante libramiento firme, en función del número de horas trabajadas y prestadas de conformidad».

La licitación, tramitada con carácter urgente y por procedimiento negociado, recoge también condiciones muy detalladas para el adjudicatario relativas a «gastos complementarios». Estos, derivados fundamentalmente de desplazamientos de los profesionales del despacho, contemplan el uso en clase preferente del AVE, cama preferente para viajes nocturnos en el mismo medio de transporte y primera clase para desplazamientos en trenes de línea convencional. El contrato también prevé el uso del taxi en desplazamientos urbanos. La clase turista queda reservada para el transporte aéreo.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato, firmado por el secretario de Estado de Energía del gabinete de Sebastián y el abogado del Estado, especifica que la labor de asesoramiento del bufete deberá ceñirse al criterio de la Abogacía General del Estado y del Ministerio de Industria y Energía, que comunicarán «todas las directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto de la asistencia jurídica al Socio responsable del adjudicatario». De hecho, la Secretaría de Estado de Energía cuenta con abogado del Estado asignado.

La distribución del importe del contrato, por un total de 2.832.000 euros, prevé el pago de 177.000 euros en 2011, 708.000 euros para cada uno de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, y 531.000 euros en 2015.