Uno de los policías imputados fue tres veces al bar «Faisán» el día del soplo

Aquel día, una persona que Elosua no conoce de nada se acercó a él y le pasó su teléfono móvil diciéndole que al otro lado de la línea alguien le quería comentar algo. Fue este tercer individuo, presuntamente el jefe superior de Policía del País Vasco, el que le advirtió de que iba a ser detenido de forma inminente. Ese 4 de mayo Elosúa se iba a reunir con el etarra Cau Aldanur para hacer efectiva una entrega de dinero procedente del «impuesto revolucionario», y camino a ese encuentro, fue el propio Elosua el que hizo público el «soplo» al comentar a su yerno lo que le había sucedido minutos antes en el bar. Esta conversación, grabada por la baliza del coche en el que ambos se encontraban, fue la que paralizó la operación, para la que ya estaba formado un equipo conjunto de Policía española y francesa.

En una declaración prestada ante el juez el pasado 10 de marzo, de cuya existencia no se tuvo conocimiento hasta ayer al haber estado secreta esta parte de la causa, Ballesteros admitió su «presencia física en la totalidad de las imágenes» que fueron aportadas por el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos Germán entre las once y las doce de la mañana del día del soplo. El juez considera «indubitada» la identidad de Ballesteros como la persona que fue grabada por el equipo de videovigilancia que se encargaba de la investigación de la red de extorsión —que venía de años atrás—. Ruz ha examinado para ello un informe pericial antropométrico de la Comisaría General de la Policía Científica, otro informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y un tercero del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Con estas conclusiones, que serán ratificadas por los peritos de la Policía y la Guardia Civil el próximo 4 de abril, el magistrado considera «palmario» que «han desaparecido» los motivos que justificaban mantener el secreto parcial de las actuaciones.

En concreto, Ruz levanta el secreto sobre el informe ampliatorio del equipo de investigación en el que se incluyeron los fotogramas de Ballesteros, la declaración judicial del inspector en la que admitía su presencia en el «Faisán», los autos por los que se llevaron a cabo las diligencias de investigación y los tres informes periciales encargados por el juez.

En su resolución de ayer, Ruz revela los tres momentos en los que Ballesteros aparece en las imágenes del bar «Faisán»: los comprendidos entre las 11. 14. 05 y las 11. 14. 10 horas; entre las 11. 30. 03 y las 11. 30. 08, y entre las 11. 46. 15 y las 11. 46. 25, tiempos a los que, dice, habría que sumar el «desfase horario aproximado de tres minutos existente en el contador del videograbador». Fue el propio fiscal, en el escrito en el que el 1 de octubre de 2009 pidió el archivo de la causa —alegando que no había sido posible concretar la autoría material del «soplo»— quien determinó que la delación «se produjo poco después de las 11 horas (...)».

Otra de las decisiones acordadas por el magistrado ayer es desglosar parte de la causa y remitirla al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid para que éste investigue la filtración a medios de comunicación de datos relativos al informe ampliatorio remitido por Carlos Germán cuando estaba bajo secreto. En opinión de Ruz, los autores de la filtración podrían haber incurrido en la comisión de un delito de revelación de secretos.

En la causa del «Faisán» están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con penas de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco; y el inspector José María Ballesteros.

En el auto en el que Ruz transformó la causa en sumario, el 24 de enero pasado, aseguraba que aquel momento «en absoluto» aparecía descartada la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista, si bien dejaba la puerta abierta a que la calificación final incluyera únicamente revelación de secretos. Esto es precisamente lo que pidió la Fiscalía la semana pasada ante la Sección Segunda, y su consecuencia más inmediata es que si se retirara la colaboración, ya no sería la Audiencia Nacional la que tendría que investigar los hechos, al no tener ya naturaleza terrorista.