La Junta andaluza tapó desde abril el fraude a los discapacitados

Así lo asegura el asesor jurídico del sindicato, Amador Torres, quien señala que aunque el consejero de Empleo, Manuel Recio, tras destaparse el escándalo, que afecta a más de 200 trabajadores, dijo lo contrario, no hizo nada por resolver el problema desde su departamento. «Recio no sabía ni siquiera el nombre de la empresa . Cuando, después de la rueda prensa de Comisiones Obreras, los periodistas le preguntaron por ella dijo que no debía decirlo, pero lo cierto es que no tenía ni idea de cuál era», señala Torres.

De hecho, añade, si la Inspección de Trabajo investigó a la empresa MFK, que se dedica a la venta por teléfono, es por la denuncia previa del sindicato, que puntualiza que este servicio de la Junta se limita a controlar la infracciones jurídicas en materia laboral. Según CC.OO., la ayuda pública presuntamente estafada asciende a un millón de euros. La callada por respuesta de la Junta obligó al sindicato a poner los hechos en conocimiento del fiscal jefe de Andalucía, Jesús María Calderón.

La empresa en cuestión, con sede social en Jaén y con centros especiales, ahora inactivos, en Granada y Málaga, ha presentado una denuncia contra 12 altos cargos de la Junta de Andalucía por no recibir el dinero de determinadas ayudas. La querella, según Torres, se interpone contra el actual director general de Formación Profesional, una ex directora general de Igualdad y los delegados provinciales de Empleo de Jaén, Granada y Málaga, entre otros.