La Junta de Andalucía ordena dejar de pagar las facturas hasta nuevo aviso
José Antonio Griñán - ABC

La Junta de Andalucía ordena dejar de pagar las facturas hasta nuevo aviso

El interventor general instó a las Consejerías, en un documento interno fechado el 11 de enero, a no contabilizar ningún nuevo expediente

SEVILLA Actualizado:

La Junta de Andalucía está en suspensión de pagos a dos meses de las elecciones autonómicas. Un correo electrónico enviado por la Intervención General el pasado 11 de enero a todos los interventores delegados de las consejerías, al que ha tenido acceso ABC, ordena de manera explícita iniciar «procesos de traspaso masivo de remanentes comprometidos y anualidades futuras» al ejercicio 2012 y añade que «es necesario que hasta el momento en que culminen las operaciones de traspaso masivo, y así se comunique expresamente por esta Intervención General, no se contabilice ninguna nueva propuesta de documento contable con cargo al ejercicio 2012».

¿En qué se traduce esto? Para entender bien la repercusión de esta medida adoptada a partir de «la instrucción 8/2011 de 13 de diciembre», según indica el documento, hay que conocer los entresijos del sistema informático de contabilidad que maneja la Junta, el «Júpiter». Fuentes de la alta gestión administrativa de la Junta han explicado a ABC que desde el 30 de noviembre hasta el 31 de diciembre pasados todas las Consejerías han tramitado un enorme número de expedientes de gasto que se encuentran en la fase final del proceso, llamada técnicamente «OP» (Obligación Pago). Todos estos expedientes aparecen en el citado sistema integrado de contabilidad de la Junta a la espera de que las Intervenciones delegadas de cada Consejería los valide y se proceda al consiguiente pago, pero la orden de paralizarlo todo impide que se ejecute el abono.

Dicho de otra manera: estos expedientes que están en el punto administrativo previo a su pago quedan almacenados en las oficinas de las distintas intervenciones, ya que no se pueden contabilizar hasta nuevo aviso de la Intervención General. Las fuentes consultadas ratifican con contundencia que actualmente la situación es de «detención o suspensión de pagos total», sin que haya fecha establecida para su reanudación.

Documentos devueltos

Pero hay más. El sistema «Júpiter» borra automáticamente aquellas facturas insertadas en el apartado «Obligación Pago» si en el plazo de unas semanas la Intervención correspondiente no valida el abono. Cuando esto ocurre, es decir, cuando se produce su baja en el sistema contable, los documentos son devueltos a la oficina que los remitió y comienza de nuevo el proceso. Pero los proveedores ya tienen comunicación de la Junta de que sus expedientes están aprobados y pendientes del ingreso en el banco.

¿Qué puede llevar a la Junta, por tanto, a dar esta polémica consigna? Cuando dejan de meterse en la contabilidad las facturas y desaparecen del programa informático no se computan como compromisos de pago. Es decir, se oculta un déficit que corresponde al ejercicio 2011 para insertarlo dentro de unos meses —los procesos administrativos tienen su duración—, en 2012. Y todo esto a dos meses de las elecciones autonómicas y con el presidente autonómico, José Antonio Griñán, haciendo bandera del rigor presupuestario que ha tenido la Junta en el último año y de su política de austeridad. Según las mismas fuentes, la ocultación de esas obligaciones de pago es una práctica ilegal, pero la orden de no contabilizar ningún nuevo documento en 2012 se produce porque la Intervención no es capaz todavía de cifrar la cantidad pendiente de pago que se arrastra de 2011.

Con este auténtico galimatías administrativo, Griñán pretende, según explican los técnicos, dar una «apariencia de austeridad y cumplimiento del déficit en 2011 previa a las elecciones y compremeter gravemente el ejercicio 2012». Esto es: que el nuevo Gobierno que llegue a la Junta de Andalucía el próximo 25 de marzo acarree con esta deuda que, por cierto, no está prevista en el presupuesto.

Excepciones a la regla

No obstante, en la orden de la Intervención General se especifican varias excepciones, de manera que sí hay permiso para abonar los salarios, los activos financieros, los créditos bancarios, las ejecuciones de sentencias, las subvenciones nominativas, los anticipos de caja, las «prórrogas contractuales necesarias para el normal funcionamiento de los servicios» o las «subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces». Pero a los proveedores, cero.

La medida es un evidente instrumento de presión para el nuevo equipo de gobierno —ahora que el PP tiene más opciones que nunca de ganar— y es «insólita» en la Junta de Andalucía, añaden los técnicos consultados, que indican que el malestar entre los funcionarios de la Administración andaluza es cada día más acentuado en tanto que se sienten usados en esta artimaña política. Y es que los proveedores cuyas facturas están apiladas en los despachos tienen en muchos casos comunicación de pago por parte de la Administración. Y tarde o temprano, cuando comprueben que no hay movimientos en su cuenta, acudirán a la Junta a reclamar lo que les corresponde. Lo que queda por saber es quién será el presidente que tendrá que dar la cara ante ellos.