Embajadas, pancatalanismo y lengua

Pero lo que CiU no parece estar dispuesta a rebajar es el gasto en fomento patriótico. De momento, se sabe que Mas mantendrá las polémicas embajadas en el exterior, esas oficinas de dudosa utilidad —la Generalitat ya tiene una red de 35 oficinas comerciales— y que ha permitido, por ejemplo, colocar al hermano del republicano Josep Lluís Carod-Rovira en la delegación de París con un sueldo de 80.000 euros al año.

El mantenimiento de esas embajadas forma parte de la política exterior de la Generalitat, presupuestada en 2,2 millones de euros y que sólo son la punta de ese iceberg identitario construido por el Gobierno de Jordi Pujol, heredado por el tripartito y que ahora retoma CiU. Un iceberg que se nutre de subvenciones deportivas, pancatalanismo y apoyo a entidades dedicadas a la promoción de la cultura catalana.

Es el caso de Òmnium Cultural, brazo ideológico del independentismo catalán y organizador, entre otros actos, de la manifestación del pasado mes de julio en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto o determinados actos antimonárquicos. Desde 2004, esta entidad ha recibido 7,6 millones de euros en ayuda oficiales.

El presupuesto anual dedicado a política lingüística supera los 2.400 millones de euros, que incluye subvenciones, ayudas a medios de comunicaciónen catalán y televisión autonómica, educación... El abanico de proyectos y asociaciones beneficiadas por estas ayudas públicas incluye, por ejemplo, la red de escuelas Amics de La Bressola, situada en el sur de Francia y que, desde 2004, ha recibido seis millones de euros gracias a la generosidad del ex vicepresidente Carod-Rovira. Los casales catalanes en el exterior recibieron 2,5 millones de euros y la Plataforma ProSelecciones Catalanas, 4,8 millones. En este sentido, deportes tan minoritarios como el fistball o los bolos, han sido mimados por el único hecho de competir a nivel internacional.

Asimismo, el Gobierno catalán siempre se ha mostrado muy generoso con entidades situadas fuera del territorio catalán, como la Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón, que en un solo año, recibieron dos millones de euros con el compromiso de extender el ideario catalán en sus respectivos ámbitos. Paralelamente, la administración autonómica no ha dejado de crecer hasta convertirse en un ente faraónico en el que trabajan 226.000 funcionarios, frente a los 140.000 de 2003. Una cuarta parte del presupuesto va destinado a personal. Asimismo, si hace ocho años, la Generalitat tenía 227 trabajadores eventuales, asesores o cargos de confianza, hasta ahora había 303. El número de empresas, consorcios o fundaciones dependientes de la administración catalana asciende a 260, de las que el anterior gobierno pretendía eliminar 70. Pero nunca más se supo.