Valentía y razón

La suspensión express de un plenario de una Cámara autonómica no tiene precedentes. No se trata de conocer si el TC amparará a esos partidos, y en concreto al PP, que aún se mantiene en el plazo voluntario y legal sin haberse constituido como grupo parlamentario con portavoz designado. Se trata de superar la primera prueba de fuego real de los secesionistas. Los partidos constitucionalistas han visto vulnerados sus derechos porque los rupturistas convocan un pleno con el acuerdo insuficiente de una junta de portavoces incompleta y chantajeada sin miramiento político alguno. Se trata, en definitiva, de aclarar si es factible impedir una votación sin conculcar los derechos de quienes la promueven.

La respuesta jurídico-técnica debería ser «sí». En lo formal, porque la convocatoria de ese pleno está viciada de ilegalidad desde su origen por la exclusión de un partido. Y en el fondo, porque los independentistas no proponen un debate político al uso, sino la promoción de una ilicitud flagrante ideada para destruir principios constitucionales. Es arriesgado impedir un Pleno. Fomentaría el victimismo de quienes ven en el TC un órgano represor del Estado o un instrumento en guardia contra una actividad tan plural y soberana como es la votación ordinaria de unos diputados.

Jurídicamente sería inédito, pero posible. También es inédita la declaración de una «república independiente» para «desconectarse» de España, y en cambio sus impulsores no tienen reparo jurídico alguno, ni complejo político contra la mayoría de los catalanes, en apelar a los sentimientos como base de la falsa democracia que invocan. El TC tiene la ley y la razón jurídica para amputar con valentía el primer abuso de un proceso sedicioso sin esperar a que la declaración independentista sea formal. Es de ley, es legítimo y es ejemplarizante cortarla de raíz.