Tribunal Supremo: 200 años haciendo historia

Es el tribunal superior en todos los órdenes —civil, penal, contencioso-administrativo y social—, salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altos órganos del Estado y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos.

Es el tribunal de última instancia en todos los casos , lo que supone que no es posible apelar o recurrir una decisión firme del Tribunal Supremo. Solo el Tribunal Constitucional puede dejar sin efecto sus decisiones , siempre que encuentre lesión de los derechos y libertades constitucionales. Como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, goza de la misma posición que el Gobierno y las Cortes Generales, las cúpulas de los otros dos poderes. Es el único que puede ordenar la detención de sus propios miembros y sólo él puede procesarlos y separarlos por responsabilidades civiles y penales en el desempeño de sus funciones.

El surgimiento de un Tribunal Supremo de Justicia tuvo que ver con una cultura de la división de poderes del Estado que se fue instaurando en España desde que en la época de la Reconquista se estableció la creación de una institución «para que ayuden al Rey varones sabios» y hasta que se inició el movimiento constitucional.

Con «la Pepa» , la Comisión encargada de la formación del proyecto constitucional recogía en su dictamen la creación del Tribunal Supremo.

La posterior guerra de la independencia y el asedio de la ciudad de Cádiz impidieron la eficacia de la nueva estructuración constitucional de la justicia. Sus inicios estuvieron marcados por numerosas idas y venidas , consecuencia de los periodios liberales y conservadores que se sucedían e instauraban y derogaban la Constitución una y otra vez, hasta que Isabel II lo recuperó definitivamente.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 , que regula su composición y funciones, cinco eminentes juristas han ocupado la presidencia: Antonio Hernández Gil, Pascual Sala, Javier Delgado Barrio, Francisco José Hernando Santiago y Carlos Dívar, desde 2008.

El Alto Tribunal tiene su sede en la Plaza de la Villa de París, en uno de los palacios más céntricos de Madrid, el Palacio de las Salesas , pues cuando fue construido en 1758 residían en él las monjas de San Francisco de Sales, las «salesas». El edificio ha sido protagonista de la historia de España durante los doscientos últimos años, no solo por albergar la «ciudad de la Justicia de Madrid» —durante un tiempo convivieron también las Audiencias Territoriales, Audiencias Provinciales, Juzgados, Fiscalía Colegio de Abogados y calabozos— sino porque entre 1910 y 1914 el Palacio fue compartido con la presidencia del Gobierno, hasta que esta se trasladó al Paseo de la Castellana.

En estos 200 años sus paredes han sido testigo de hitos en la Historia de España . Desde la inscripción del Partido Comunista en el registro de Partidos Políticos, gracias al beneplácito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 1977, hasta la condena de los 22 procesados por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuya pena aumentó la Sala de lo Penal.

En 1981 el Supremo dictó sentencia del caso de la intoxicaciones por aceite de colza , que mató a cientos de personas y causo patologías gravísimas a miles de ellas. También el proceso que envió a la cárcel por primera vez a un ministro de Gobierno tuvo lugar en el Supremo. Se trata de José Barrionuevo y el escándalo de los GAL. Javier Gómez de Liaño fue también el primer juez expulsado de la carrera, por un delito de prevaricación durante la investigación del Caso Sogecable; el segundo, el juez Baltasar Garzón , por el que el Alto Tribunal recibió sus más duras críticas por parte de la sociedad. En lo relacionado con ETA también ha hecho historia. Sirva de ejemplo la sentencia que dejó fuera a Batasuna en 2003.