La trastienda del «caso Nóos»

La forma de actuar de la trama urdida alrededor del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida desde 2003 a 2006 por Iñaki Urdangarín, era sencilla. Con el Duque de Palma como mejor carta de presentación, se proponía a distintas administraciones la organización de eventos relacionados con el deporte y el turismo. La fórmula jurídica elegida era la del convenio, quizá porque su regulación es muy deficiente en España, como en noviembre de 2010 denunció el Tribunal de Cuentas en una moción enviada al Congreso.

Los convenios entre administraciones y entidades privadas, aunque éstas no tengan ánimo de lucro, solo se pueden firmar si se demuestra que esa empresa es la única que puede dar el servicio contratado. Predicar eso del Instituto Nóos, obviamente, es muy complicado. Pero es que además, al tratarse de fondos públicos quien recibe el dinero tiene que justificar con facturas todos los gastos realizados y, obviamente, acreditar que se ha hecho el trabajo. Asimismo, al tratarse de un convenio, se debe exigir que los costes sean muy ajustados, ya que se firman sin que se convoque un concurso público.

En realidad, los servicios que prestaba el Instituto Nóos —organización y celebración de congresos internacionales—, no eran más que una simple prestación de servicios, por lo que tenían que haber regido por los principios básicos de la contratación pública: concurrencia, publicidad e igualdad de trato. Pero si se hubiera optado por esa fórmula, otras entidades podrían haber presentado mejores ofertas que la realizada por Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres, y era lo que tanto éstos como los responsables políticos querían evitar a toda costa.

Hasta tal punto esto era así, que por ejemplo en el caso de la administración balear se llegó a aprobar el convenio antes de que se firmara, e incluso se hicieron pagos también antes de que eso sucediera. Ni siquiera se abrieron los expedientes que justificaran esos acuerdos y en ocasiones se elaboraron a posteriori documentos para justificar las decisiones ya tomadas.

El descontrol por parte de las administraciones era, pues, total, y además todo indica que se hacían así las cosas de forma consciente, con órdenes directas a funcionarios y cargos políticos para que no se actuara conforme a la ley. Pero la trama Nóos fue más lejos, puesto que su verdadero objetivo, según los investigadores, era apoderarse de las enormes cantidades de dinero que recibían. Para ello, Torres y Urdangarín montaron alrededor del Instituto Nóos una serie de empresas controladas por ellos para, según la investigación, vaciar de fondos de la entidad sin ánimo de lucro.

Un dato avala esta afirmación: De 2004 a 2007 el Instituto Nóos cobró de la Comunidad Valenciana y de Baleares 5.804.533,90 euros, según se precisa en el sumario judicial. Pues bien, las empresas de Torres y Urdangarín facturaron a la entidad que presidía el segundo —Torres era el gerente—, 5.810.120,28; es decir, apenas hay seis mil euros de diferencia. Dicho de otra forma, el Duque de Palma y su socio se contrataban a sí mismos y se pagaban con el dinero de las administraciones. Y además los precios que se abonaban a sus sociedades o bien eran muy superiores a los del mercado o ni siquiera se llegaban a realizar.

El Instituto Nóos era, pues, un instrumento perfecto para Urdangarín y Torres. Tenía la ventaja de que al tratarse formalmente de una entidad sin ánimo de lucro incluso estaba rodeado de un cierto prestigio social y eso, sin duda, evitaba suspicacias de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Pero en la trama Nóos hay algún elemento más. El primero de ellos, el hecho de que aparentemente Urdangarín siguió trabajando para Nóos o al menos cobrando del instituto hasta 2008 ; es decir, dos años después de que supuestamente lo hubiera abandonado por orden del Rey, al que no le gustaban las noticias que recibía sobre las actividades de su yerno.

En segundo término, está la continua triangulación de facturas entre las distintas mercantiles. Los investigadores están convencidos, basándose en pruebas, que este tipo de actividades se hacían con la intención de obtener ventajas fiscales. De hecho, uno de los imputados que ya han declarado ante el juez, Marco Antonio Tejeiro, admitió esas maniobras. El movimiento de dinero entre esas empresas (ver gráfico adjunto) es suficientemente elocuente de todo ello.

Finalmente, la tercera cuestión relevante es la estructura societaria opaca montada en el exterior supuestamente para sacar dinero de España. Según los investigadores, Iñaki Urdangarín podría haber cobrado fuera de nuestro país cerca de medio millón de euros. El testimonio de Salvador Trinxet, el abogado e imputado que planeó esta forma de operar, fue especialmente significativo.

Esta es, a grandes rasgos, la investigación, que fue diseñada e impulsada por el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach. Cada línea de trabajo se ha visto ampliamente confirmada por la documentación intervenida, en primer término, y más tarde por los testimonios recogidos.

Alrededor de todo se han conocido, además, episodios lamentables, como presentar como gastos sueldos de sus empleados, facturas falsas, informes de costes muy altos elaborados por el procedimiento de «corta y pega» de internet, folletos en los que en un lugar destacado figura el nombre de la Infanta Doña Cristina, el uso de una asociación de discapacitados para al parecer evadir dinero a Belice. Esta es la investigación. Ahora le toca a Urdangarín dar su versión de los hechos.