Trapero se escuda en Puigdemont por la inseguridad en el referéndum ilegal

En dichos encuentros, Trapero expresó a los antiguos gobernantes catalanes que los Mossos no respondían a la estrategia del proceso independentista ilegal y que cumplirían el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó impedir la votación y requisar el material preparatorio. Fuentes de la defensa de Trapero informaron de que el mayor detalló ayer estas reuniones, celebradas a petición de la cúpula de los Mossos.

Trapero también mostró en las reuniones con los dirigentes su malestar por los mensajes públicos de los antiguos responsables de la Generalitat, que manifestaron que la policía autonómica facilitaría el 1-O, según las mismas fuentes, presentes en la sala.

Esta versión contrasta de forma radical con la tesis que se ha formado la juez investigadora, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, según los indicios acumulados durante la instrucción. La juez atribuye a Trapero «la total inactividad» de los Mossos en el referéndum ilegal, le ubica como un eslabón en el plan independentista para lograr la secesión por un camino ilegal, y le acusa de liderar desde la cúpula policial «un plan premeditado» para facilitar el 1-O.

La pasividad de los Mossos forzó una tardía intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que generó tensiones y cargas en algunos centros electorales, abarrotados de militantes independentistas. Este episodio es uno de los sucesos valorados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para apreciar indicios de rebelión, un delito por el que investiga a 28 líderes independentistas. Según Llarena, los secesionistas asumieron los posibles brotes violentos como inevitables para su estrategia.

En su tercera declaración, Trapero se marchó libre, sin nuevas medidas cautelares que limiten sus movimientos. La magistrada rechazó la petición de la Fiscalía, que pidió condicionar la libertad de Trapero al pago de una fianza de 50.000 euros. Lamela considera suficiente para garantizar la disponibilidad del mayor ante la Justicia las medidas fijadas el pasado 16 de octubre. Aquel día, la juez prohibió a Trapero salir de España , le obligó a entregar el pasaporte y le citó cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio. El mayor de los Mossos «viene cumplimiendo escrupulosamente» las obligaciones impuestas, alegó la juez.

El Ministerio Público solicitó la fianza «por la agravación de la situación procesal» de Trapero, a quien la juez imputó esta semana un nuevo delito de sedición, y por las novedades que brotaron ayer en la declaración, en alusión a las reuniones previas al 1-O. En una nota, la Fiscalía aludió a estas revelaciones como «detalles importantes que anteriormente ocultó» Trapero. La acusación pública considera que el antiguo jefe de los Mossos «no llevó a cabo ningún intento de impedir» el referéndum, prohibido y suspendido por el Tribunal Constitucional.

La defensa del mayor niega que el antiguo responsable de los Mossos haya ocultado tales reuniones hasta ahora. Según su letrada, los encuentros con Puigdemont , Junqueras y Forn fueron citados en un escrito dirigido a la juez el pasado 18 de diciembre, cuando se solicitó la testifical de los gobernantes catalanes para cuestionarles por la advertencia de Trapero. Lamela rechazó la prueba, porque los exdirigentes catalanes ya estaban siendo investigados por los mismos hechos en el Tribunal Supremo. La declaración de ayer sí fue la primera comparecencia en la que Trapero mencionó tales reuniones. También fue el primer interrogatorio desde que el mayor está imputado por la pasividad de los Mossos en el referéndum ilegal, aunque ya fue interrogado por tales hechos en la declaración anterior.

Hasta el pasado lunes, el anterior jefe de los Mossos solo era investigado de forma oficial por el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. Aquel día, una masa de independentistas coaccionó a los agentes y retrasó durante horas la salida de la comitiva judicial que registraba la sede de la Consejería de Economía, en Barcelona. La letrada de la administración de justicia tuvo que escapar por la azotea y tres vehículos oficiales quedaron destrozados, sin que la policía autonómica impidiese la protesta.

La juez atribuye a Trapero dos delitos de sedición, uno por el 20 de septiembre y otro por el 1 de octubre. Este tipo penal castiga con hasta quince años de prisión a aquellas autoridades que impidan la labor de la justicia o los agentes policiales a través de la fuerza, por medio de un alzamiento tumultuario. Lamela tampoco descarta imputar en el futuro al mayor un delito de organización criminal. Todo ello dibuja un grave horizonte penal.

Fuentes fiscales interpretan que Trapero trató ayer de señalar a la anterior cúpula política de la Generalitat y eludir su propia responsabilidad. Según estas fuentes, el mayor no hizo nada para frenar el referéndum, a pesar de reconocer a Puigdemont, Junqueras y Forn que su celebración iba a suponer «un problema de orden público». El mayor tampoco supo justificar ayer por qué los Mossos no cerraron de forma efectiva ningún colegio electoral ni requisaron las urnas ni las papeletas, según las mismas fuentes de la acusación pública. Algunos mandos de los Mossos -como el actual jefe, Ferrán López, quien testificó ayer- han alegado que los colegios fueron ocupados previamente para actos lúdicos.

En el auto en el que le citó por la actuación de los Mossos el 1-O, la juez expresó sus conclusiones, antes de escuchar al mayor. «La finalidad inmediata de Trapero estaba orientada a facilitar el referéndum y la proclamación de la república catalana», alegó.