La trama intentó neutralizar la investigación a través de soplos y medidas de seguridad
Sonsacaron a funcionarios, limitaron sus contactos, vendieron empresas y destruyeron documentos y web
FRANCISCO SECO Francisco Correa, en el interior de un vehículo, tras una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional
«El teléfono lleva 3 años tocado, pero sin ningún tipo de autorización de Juzgado, el tema viene de Judicial, no de la Guardia Civil y eso es alguien que ha hecho el enganche ilegalmente». La conversación se produce entre los dos cabecillas de la « ... Gürtel»: Francisco Correa y Pablo Crespo, un mes antes de que saltara el caso. Ambos están preocupados porque les puedan estar grabando. Correa hace que le miren el cajetín telefónico en su finca y se tranquiliza porque no hay «ningún cablecito enganchado».
La organización no parará de aumentar desde entonces las medidas de seguridad, como se describe en los informes policiales, con el fin de blindar sus boyantes negocios: intentan captar información de policías, de los juzgados -pagan a un individuo, llamado Juan Pérez, que asegura que tiene contactos en el de Garzón-, destruyen documentos, cortan las conversaciones -Correa se queja de que el «paranoico» de Crespo lleva cuatro días sin llamarlo-, utilizan móviles «limpios» e incluso eliminan el historial de sus consultas en internet.
Según el enviado al juzgado de Garzón, al que llaman «Rey Baltasar», sólo hay «un dossier de Anticorrupción, que le cayó a Baltasar, pero a criterio de su segundo no hay motivo para investigar, no iban a contestar a la Fiscalía hasta finales de junio y se iba a archivar». La conversación es del 30 de enero, sólo días antes de que reviente el caso.
La estrategia de protección, diseñada por un conocido bufete, incluye la venta de la sociedad Easy Concept Comunicación al grupo empresarial de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana; la desvinculación del despacho profesional de Blanco Balín y la captación de información «sensible», por ejemplo cuando José Tomás, el sastre de Camps, es citado por Anticorrupción a cuenta del pago de los trajes. Correa, tras consultar con Álvaro Pérez «el Bigotes», se convence de que lo de Valencia no tiene nada que ver con ellos, «es una investigación a Cortefiel y punto». Su interlocutor abogado le dice que están buscando a gente del PP, pero Correa le quita importancia y lo atribuye a que son las mismas fiscales.
La huida con prostituta
Cuando Correa se da cuenta de que sus tejemanejes y los de sus adláteres no le van a servir intenta conseguir un permiso de residencia en algún país suramericano, utilizando los contactos que tiene allí. El 14 de enero de 2009 le dice a su interlocutora que quizá al día siguiente se marche a Ginebra o Montecarlo y a principios de febrero a Colombia. En su largo viaje tenía intención de que le acompañara una prostituta brasileña del club «Pigmalión», según las escuchas.
Sobre su «amigo» Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, Correa se alegra en una conversación con «el Bigotes» de que «a cada cerdo le llegue su San Martín», tras una información de finales de enero sobre supuestas presiones de Bárcenas para conseguir un contrato a una empresa en la Comunidad de Madrid. Pablo Crespo le admite en otra conversación que tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta «saben todo del partido».
A medida que transcurrían los días, la seguridad se convirtió en una auténtica obsesión para todos. Llevan dos teléfonos consigo pero sólo los quieren usar para temas particulares; utilizan móviles de secretarias, piden que no les carguen ni un solo recibo en sus cuentas bancarias e incluso llegan a controlar quién se sienta en cada ordenador por si en un descuido alguien ha dejado un correo abierto y «les busca la ruina».
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