Un testigo del 1-O acusa a la Policía de llevarse de los colegios «juguetes y disfraces»

Esta acusación, que roza el esperpento, vino de la mano de Pilar Calderón, una ciudadana que, si bien dijo en un primer momento que se «autodesignó» apoderada en un colegio de Sabadell, acabó reconociendo que fue ERC quien le entregó la tarjeta que la acreditaba como tal. ERC, el mismo partido al que pertenece Oriol Junqueras, el principal acusado del juicio y cuya defensa le propuso a ella declarar.

Calderón dijo que vio «a un policía levantando la porra a una abuelita que estaba sentada en una silla» y, en su afán de ayudar a las defensas, no midió sus palabras cuando acabó reconociendo que ocupó ese colegio durante el fin de semana porque «era la manera de poder votar» (una orden judicial ordenaba el cierre de todos los centros para evitar la votación); cuando confesó que, tras la actuación policial, «decidimos volver a abrir» ; o cuando, para «salvar» a los mossos, reconoció que los agentes autonómicos estaban presentes en ese colegio incluso a la hora del recuento. Sobre las urnas, la testigo apuntó que no sabe de dónde salieron. «Yo me fui a dormir (en el propio centro) y cuando me desperté estaban en el gimnasio». Tal cual.

Sobre la actuación en ese mismo colegio electoral habló Julià Fernàndez , vecino de Carme Forcadell y Jordi Cuixart y por aquella época teniente de alcalde de Sabadell, con ERC. Fernàndez dibujó un relato de violencia, pero policial, de la que él fue la supuesta víctima: « Me dieron un golpe en la mejilla izquierda , mis gafas saltaron por los aires y cuatro agentes me arrastraron por el suelo. Cuando me soltaron me dieron patadas en la espalda», expresó. Pese a esa «paliza», el testigo se levantó y se fue «a votar a otro colegio».

Otro testigo, Joan Pau Salvadó , votó en San Carles de La Rápita (Tarragona) en un «ambiente muy tranquilo, de emoción, muy relajado». «Carniceros, pasteleros, pescaderos... nos conocíamos todos», dijo en una declaración muy teatralizada, que se le fue de las manos. « Vi gente a la que le habían abierto la cabeza, me dieron en la pierna hasta dormírmela... ». Fue este colegio en el que un radical lanzó una moneda a la cara de un guardia civil y en el que un grupo de independentistas «acompañó» a los guardias civiles cuando habían finalizado su trabajo con piedras en la mano. Pero de eso el testigo no se acordaba.

En el mismo centro, un «murmullo» creciente avisó a los militantes de la llegada de la Guardia Civil, según Albert Salvadó , concejal del municipio, que está siendo investigado por un juzgado de Cataluña por su actuación aquel día, tras un acta levantada por los Mossos d’Esquadra.

Según su testimonio, la acción policial comenzó con contundencia pero sin violencia, quitando una a una a las personas que obstaculizaban la entrada. «Vi salir disparado al tío Juanito, un señor de 70 años que va siempre con la camiseta del Barça y la barretina», relató el testigo de las defensas.

El testigo elevó el tono y aseguró que después la actuación de la policía iba dirigida directamente contra las familias. «Empezaron a cargar con mucha violencia contra vecinos de toda la vida, López fue apaleado con los brazos en alto, estaba mi primo Xavi, mi hermano Marc… Buscaban la cabeza, me dieron un golpe en el brazo protegiéndome la cabeza». Salvadó redujo aquella jornada a una cuestión familiar. «Muchos críos fueron arropados en el bar de enfrente, estaban desamparados porque o bien su padre o su madre estaban en la concentración». Llegaron a juntar más de una docena de niños en el local para «protegerles».

El testigo se atrevió también a valorar la función del muro de contención que conformaron los agentes de la Guardia Civil para controlar a la gente. «Gracias a ese muro se podía apalear con libertad a los ciudadanos», dijo; los mismos ciudadanos que según él «lloraban de rabia e impotencia», insistió el concejal en La Rapita de ERC. A pesar de esa condición pública, Salvadó declaró que desconocía que una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a todos los cuerpos policiales evitar el referéndum ilegal y requisar las urnas, algo público y notorio. Sí admitió que era consciente de «ciertas advertencias» sobre la suspensión del 1-O.

En el centro habilitado en San Julián de Ramis, todos los militantes esperaban a Carles Puigdemont, donde se preveía su votación al estar domiciliado allí. En un momento dado, una vecina gritó: «¡Que viene!», según declaró el alcalde del municipio, Marc Puigtió , de ERC. Pero en vez del expresidente catalán, ahora fugado, quien apareció fue la Guardia Civil, que cerró el colegio e impidió la votación. Este alcalde reconoció que recibió una carta de la Generalitat instándole a poner a disposición del 1-O los locales . Él cedió. «Para mi que los vecinos puedan votar es parte de la democracia», expresó, para justificar su actuación a favor del referéndum ilegal.

Otros tres testigos narraron lo que observaron en un colegio de Sant Esteve de Sasrovires, un municipio de la provincia de Barcelona de unos 7.800 habitantes, incluida la entonces alcaldesa Carmen Rallo , de ERC. Ella –que también dijo no recordar que un auto del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) ordenaba impedir la votación– afirmó que vio a la Guardia Civil golpear a un vecino «con una porra» y entrar al centro con «mazos y tenazas» .

Uno de ellos, Emili Gaya , explicó que acudió al colegio a las cinco de la mañana de forma espontánea tras acordar con otros vecinos acudir «a primer hora», por su «convicción e inquietud, las ganas y la ilusión de estar ahí». Recibió un golpe en la cabeza, dijo, y manifestó que nunca había visto, ni en manifestaciones previas a la Constitución, «una formación (de Guardias Civiles) de esas características».

El relato expresado por todos estos testigos, instalado en el imaginario colectivo del separatismo, fue condensado por una frase del diputado de ERC Jordi Salvadó , que también declaró ayer. «Aquello era un Walt Disney. En ningún momento vi gente pegando, ni palos, ni cócteles molotov, ni piedras. La gente no iba armada. Había agresividad verbal, insultos, pero no hubo ataques a la policía», aseguró.

Otra testigo, la senadora de ERC Laura Castel , denunció que nadie le notificó personalmente que había perdido «el derecho de voto», a pesar de todas los avisos públicos de que el referéndum ilegal estaba suspendido. «La gente tenía muchísimas ganas de autodeterminarse», dijo, sin explicar nada más.

Dentro de ese ambiente, solo dos testigos se salieron de la tónica monocorde. Ayer también declaró el director del servicio catalán de salud David Elvira , que enumeró las cifras que recopiló como responsable de la coordinación asistencial el uno de octubre. «Las personas atendidas fueron 1.066, entre ellos 12 agentes de la autoridad»; de los que solo cinco fueron graves. Sus registros no cuentan, claro, los guardias civiles y policías nacionales atendidos por sus servicios propios.

Por último también declaró Pere García , el representante del sindicato mayoritario de los Mossos, que se dedicó a defender la labor del cuerpo autonómico. Según él, la realidad superó al dispositivo, que calificó de conjunto entre los tres cuerpos policiales.