La suspensión electoral deja en el limbo el diálogo entre Moncloa y la Generalitat de Cataluña

La mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, una de las condiciones impuestas por ERC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez , queda por el momento en un limbo. El candidato de ERC y vicepresidente en funciones, Pere Aragonès , sostenía ayer que la convocatoria y los frutos que se obtengan de la misma están condicionados a la victoria de los republicanos en mayo. Incómoda para el Gobierno, desdeñada por Junts, la mesa es ahora un viejo mueble que nadie sabe muy bien dónde colocar.

El calendario político y el judicial vuelven a ir de la mano. En Bruselas, el suplicatorio para lograr la entrega a España del eurodiputado Carles Puigdemont prosigue. No habrá previsible- mente resolución antes de mayo, pero la utilización misma del proceso a manos de Junts, especialistas en victimismo, se da por hecha. Otro tanto sucede con la candidata Laura Borràs . Ahora encausada en el Supremo, su caso pasaría al TSJC si es elegida diputada en el Parlament siempre y cuando antes no se abra juicio oral en el TS.

Es la gran incógnita de los próximos meses. La tendencia de las encuestas apuntaba a un avance de Junts en detrimento de los republicanos, cada día más desgastados al frente de consejerías como la de Sanidad y con un «president» en funciones con carisma bajo cero. Con cuatro meses por delante antes de las elecciones, la precampaña se puede hacer muy larga para ERC. Fuentes republicanas consultadas por ABC admiten esta posibilidad, pero apuntan que también les puede favorecer votar en primavera si la situación Covid ha dado un vuelco. El desconcierto es absoluto.

La decisión de mantener a Salvador Illa como ministro hasta que comience la campaña electoral hace que la anunciada remodelación del Ejecutivo se aplace tres meses y medio sobre lo previsto. La posibilidad de que Miquel Iceta ocupe la cartera de Política Territorial, desplazando a su actual titular Carolina Darias a Sanidad, queda por el momento en suspenso.

El Gobierno y el PSC se encontraban muy cómodos con un calendario que situaba en cualquier caso la decisión sobre los indultos más allá del 14 de febrero. Aunque fuentes del Gobierno advierten de que «nada obliga» al Ejecutivo a pronunciarse en un momento determinado sobre esta figura, es evidente que con tres meses y medio por delante la presión se recrudecerá. Nada asegura que si los comicios son el 30 de mayo tenga que haber un pronunciamiento antes , pero desde luego las posibilidades se multiplican. Según anunció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el inicio de la tramitación del indulto arrancó la última semana se septiembre. Y en aquel momento se consideraba muy complejo resolver la cuestión antes del 14 de febrero porque el Gobierno hablaba de una tramitación de entre 4 y 6 meses.

Es decir, que como pronto la tramitación acabaría a finales de enero y como tarde a finales de marzo. El Gobierno podrá dilatarlo si lo desea, pero en términos políticos la presión no será la misma. El Gobierno estaba preparando el terreno desde el punto de vista dialéctico para un eventual indulto. Pero a la vez no quería tener que posicionarse antes de las elecciones. Primero porque el PSC estaba orientado a basar su crecimiento en el derrumbe de Cs, y también porque actuar después de las elecciones dabas más garantías para calibrar el comportamiento de los independentistas si eventualmente se volviese a formar un Govern entre Junts y ERC.

Todo estaba pendiente de la celebración de los comicios para que PSOE y PP se pudieran sentar a negociar la renovación del CGPJ. Otra cuestión que tendrá que esperar. Y que le generará problemas con Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias reconocen en privado que «por lealtad» respetan que el PSOE prefiera pactar esta cuestión con el PP . Pero a la vez aseveran que mantendrán su presión para reformar el sistema de mayorías si los tiempos se alargan.

Es la gran incógnita. Saber si con tanto tiempo por delante se apagará el ascenso al que apuntaron los sondeos que se conocieron tras su designación como candidato del PSC. Indudablemente la campaña de Illa se iba a beneficiar a corto plazo de un efecto «luna de miel» demoscópico al desarrollar la campaña al calor de esos sondeos. La suspensión trastoca los planes socialistas, aunque desde el PSC y Moncloa insisten en quitarle trascendencia. «Estas cosas importan cinco minutos», dicen. De hecho entre los socialistas valoran que dentro de unos meses la vacunación habrá avanzado y el escenario podría ser más favorable al ministro de Sanidad.