La sombra de 'Gürtel' se extiende a los gobiernos 'populares' de Galicia y Castilla y León

La conversación intervenida data del 24 de febrero pasado. Es una comunicación en la cárcel entre Crespo, número dos de la trama Gürtel , y su abogado. El ex dirigente popular advierte a su letrado que en una "caja de seguridad de Pontevedra" está "la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos". Crespo no cree que cuando se descubran esos papeles haya un "problema jurídico muy grave", "salvo lo del ejercicio de 1999".

Si los medios de comunicación publicasen las cuentas del PP gallego ese año, avisa a su abogado, "el lío que se puede montar es morrocotudo". Se muestra inquieto y sabedor del posible ilícito, pregunta a su defensor que "¿cuándo prescriben ese tipo de cosas?". "Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho diez años", explica el abogado, quien, no obstante, advierte a su cliente que una cosa es la caducidad de las irregularidades y otra es que ciertos medios informen de esos delitos aunque estén prescritos.

Otro informe del 13 de marzo de 2009 de la Brigada de Blanqueo de Capitales se hace eco de otros pasajes de ese diálogo. Crespo reconoce en este documento a su letrado que en esos 'papeles' de la contabilidad del PP gallego "hay una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba", y se muestra seguro de que "cuando se levante el secreto del sumario esto va a traer cola".

Los textos 'desclasificados' también ponen el foco en la "adjudicación amañada" de la variante de Olleros de Alba, en León. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal concluye en su atestado del 9 de marzo de 2009 que aquella obra, por valor de más de 2,8 millones de euros, fue adjudicada en 2002 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a la empresa Teconsa, después de que hubiera una "participación activa de la organización de Francisco Correa " y de "algún político" para "influir" en la decisión del Gobierno autónomo.

Aquellas presiones, sostiene la UDEF, tuvieron sus frutos y se reflejaron en la contabilidad 'B' de la trama. En poder del contable de la red, José Luis Izquierdo, los investigadores encontraron una carpeta azul y el famoso 'pen drive' que "acreditan" que la trama se llevó por esa intermediación 120.100 euros, que se repartieron entre cinco personas: el propio Correa, el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y otros tres individuos no identificados en ese atestado que responden a las iniciales T.O., G. y J.

A raíz de aquellas revelaciones, el entonces instructor, Baltasar Garzón, pidió todo tipo de documentos al Gobierno autonómico sobre la adjudicación. La respuesta no figura en la parte que se ha hecho pública del sumario, como tampoco el segundo informe de la UDEF sobre aquel contrato. Ese nuevo atestado, remitido ya al nuevo instructor, Antonio Pedreira, señala al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, el popular Manuel Fernández Santiago. Las investigaciones descubren además conversaciones entre Correa y responsables de Teconsa sobre los trámites para amañar el concurso.