Los socios de Sánchez usan la Ley de Memoria para pedir la supresión del título de Rey de España y la revisión de la amnistía

Sus argumentos no son nuevos. Los partidos independentistas vuelven a señalar que el título de Monarca «fue otorgado por un régimen ilegal» y que la Jefatura del Estado fue «institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum». En cuanto a la revisión de la amnistía de la Transición, concedida en 1977, y defienden la necesidad de poner fin a «la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad» denunciando que instituciones y familias se han visto forzadas a «abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado» en busca de Justicia.

Unidas Podemos también reclama una revisión de aquella amnistía y ha anunciado que formulará sus propias enmiendas para que la nueva ley permita juzgar a los funcionarios de la dictadura que cometieron delitos contra durante la dictadura.

El bloque de enmiendas conjuntas ha sido registrado esta mañana en el Congreso e incluye otras cuestiones como reclamaciones culturales y lingüísticas, la «reparación del espolio» patrimonial de los ateneos, asociaciones o personalidades jurídicas durante la guerra civil y la dictadura, o la restitución de titularidades como las dependencias de la Prefectura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalitat de Cataluña o el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia.

El PSOE necesita el apoyo de sus socios para poder sacar adelante esta nueva ley y la tarea no va a ser fácil. Tanto PP como Vox pero también ERC votaron en contra de su tramitación con encendidos discursos apoyados en motivos diferentes. La bancada de la derecha carga contra él por que considera que dinamita el pacto constitucional mientras los independentistas consideran que se queda inaceptablemente corto.

El texto superó este primer obstáculo gracias a que ERC presentó un texto alternativo y la enmienda de totalidad de éste se votó de forma separada a las de PP y Vox. Pero, en conjunto, los diputados que votaron en contra de la tramitación de la nueva ley ascendieron a 182 ya que Ciudadanos, Foro Asturias y UPN respaldaron las iniciativas de PP y Vox, mientras que ERC logró el respaldo de JuntsxCat, CUP, PdeCat, EH Bildu y el BNG.

Sin embargo, esa diferenciación entre los argumentos de la derecha y de los republicanos ya no será posible en la próxima votación, cuando los diputados deberán pronunciarse sobre el texto a aprobar. Y l a dura posición de los republicanos catalanes encuentra ahora recorrido en ese pulso conjunto lanzado con todas las fuerzas independentistas vía enmiendas. El Gobierno admite que no le queda más remedio que negociar con sus socios para sacar adelante al texto pero no descarta que la dureza de las posiciones de ERC puedan conducir la iniciativa a un callejón de difícil salida.