El soberanismo no tarda ni un mes en faltar a su programa

Los términos incluidos en los nueve puntos de la declaración - anulada por el TC - son aberrantes en términos políticos, según denuncian los partidos constitucionalistas, un despropósito que de igual forma ha acabado por desnudar la propia incapacidad de sus promotores.

El pasado día 9, sin ir más lejos, se cumplía el plazo de 30 días que el propio texto fijaba como «pertinente» para comenzar la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de la Hacienda Pública, consideradas claves en el proceso de «desconexión». Obviamente, la no constitución del gobierno ante la falta de acuerdo entre JpS y la CUP hace imposible llevar a cabo este programa.

En este contexto, y a falta de que acabe por cuajar el acuerdo de investidura, la frustración comienza a extenderse en el campo soberanista, que además de ver como la parálisis legislativa también marca el tono de la legislatura que ahora empieza -al igual que las dos anteriores-, ha visto como el propio «Parlament» aguaba el espíritu rupturista de la tan celebrada declaración. En este sentido, el recurso que la Cámara Catalana presentó ante el Tribunal Constitucional alegaba que la llamada declaración de «inicio del proceso» «solo puede ser considerada como una declaración mediante la cual el Parlament manifiesta una voluntad política».

Nada de ruptura, nada de desobediencia, un intento de acomodarse a la legalidad que incomodó a los más radicales. «¿Pero no habíamos quedado que desobedecíamos?», clamó la diputada de la CUP Anna Gabriel en la asamblea antisistema que reafirmó el veto a Artur Mas . En la misma línea, el Parlamento catalán esta misma semana dijo «tomar nota» de la sentencia con la que el TC anulaba el citado texto.

En este contexto de frustración e incumplimiento de sus propios objetivos ayer proseguían los encuentros entre los negociadores de JpS y la CUP. La percepción es que se llegará a un preacuerdo sobre la base del plan de choque social y sin que Mas renuncie a la presidencia, algo que dejará en manos de la asamblea nacional de los antisistema del día 27 el futuro político de Cataluña. El resultado allí es imprevisible, lo que no impide que los más optimistas -el contexto electoral ayuda a ello- ya anticipen la investidura. Así se expresaba ayer Francesc Homs, cabeza de lista de Democràcia i Llibertat (DiL) -la coalición en la que se integra CDC-, que vaticinaba una entente que dejará a sus adversarios con un «palmo de narices».

En declaraciones a TV3, Homs se mostraba convencido de que se pactará un «gobierno estable» que impulse el proceso soberanista garantizando la «seguridad jurídica», respetando los «valores europeos» y con predisposición al «diálogo, la negociación y el pacto». Es el mismo optimismo que ha llevado a Homs a asegurar que él va a Madrid a «negociar la independencia».

Un panorama mucho más sombrio -tanto, se diría, como las propias expectativas electorales de su partido- es el que ve el líder y candidato de Unió a las generales, Josep Duran , para quien Cataluña saldrá «malparada» si repite los errores que considera que se cometieron en los años 30 con la proclamación de una República y un Estado catalanes, en 1931 y 1934: «La historia no se repite, pero rima (...) Se están cometiendo los mismos errores. Se está actuando con la misma irresponsabilidad».