Un soberanismo ilegal, en su objetivo y en su procedimiento

La convocatoria de la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014 va a sentar en el banquillo de los acusados a sus cuatro principales responsables. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau del 6 al 10 de febrero próximos. Están acusados de los delitos de desobediencia y prevaricación, penados con inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Por su parte, Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat, será juzgado por estos mismos hechos pero en el Tribunal Supremo , por el aforamiento del que goza como diputado en el Congreso.

El Tribunal Constitucional (TC) abrió el pasado octubre la vía penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell . El TC envió a la Fiscalía un escrito sobre la desobediencia de Forcadell, que consistió en permitir la votación del pasado mes de julio en la que el «Parlament» aprobó las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia, la hoja de ruta de la desconexión de España. Fiscalía presentó la querella ese mismo mes.

La Agencia Española de Protección de Datos impuso a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural (OC) respectivas sanciones de 200.000 euros por la «Gigaencuesta» soberanista que voluntarios de ambas organizaciones realizaron en miles de domicilios antes de la consulta ilegal del 9-N. Como publicó ABC, elaboraron «listas negras» anotando dónde vivían catalanes no partidarios de la independencia. Protección de Datos multó a la ANC con otros 40.000 euros por permitir que se filtraran datos bajo su custodia. Ambas organizaciones recurrieron a la Audiencia Nacional, que está estudiando el fondo de la cuestión tras rechazar las pretensiones de la ANC y de OC de dejar sin efecto la sanción mientras se tramita el recurso. Por otro lado, la Audiencia Nacional abrió una investigación a la ANC por promover las mociones secesionistas que aprobaron unos 200 ayuntamientos catalanes a favor de la resolución de ruptura del Parlamento catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.

El proceso soberanista se ha leído en ocasiones como un intento de tapar los casos de corrupción que han precipitado el derrumbe de Convergència Democràtica, ahora reconvertida en PDECat. Se trata, entre otros, del caso 3%, que destapó el cobro por parte de los gobiernos de CiU de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública . También el caso Palau de la Música, o la utilización de la institución musical no solo como vehículo de enriquecimiento de sus gestores, sino como tapadera para la financiación ilegal de CDC. El juicio arrancará en marzo. Por último, y en lo que fue la puntilla definitiva a CDC, la imputación de la familia Pujol al completo , o la utilización de la institución de la Generalitat como plataforma para los negocios del clan.

Censo fiscal, listas de jueces...

Además de las ilegalidades cometidas en estos últimos años, algunas pendientes aún de juicio, la Fiscalía del TSJC acaba de abrir una nueva investigación a partir de las declaraciones del juez y dimitido senador de ERC Santiago Vidal. Se estudian al menos tres posibles delitos . El primero, la elaboración ilegal de una base de datos fiscal, algo que sin la autorización de las personas incluidas en la misma podría constituir un delito de revelación de secretos (artículos 197 y/o 415 del Código Penal). También se investigará la supuesta elaboración de listas de jueces en función a su disposición a seguir o no en Cataluña en caso de secesión, así como los preacuerdos con estados u organismos como la OTAN, algo vetado a una administración de nivel autonómico.

Los ayuntamientos se han convertido con la acción de los partidos soberanistas en plataformas para promover la desobediencia. Desde la colocación de manera ilegal de «esteladas» en lugares públicos , a la retirada de retratos del Rey de los salones de plenos, como es el caso de Barcelona. También, decretar como jornada laborable festividades como el 12 de octubre. En este último caso, y en el de Badalona, la Justicia ha fallado amparando esta actitud. El juez de instrucción 4 de Badalona, uno de los 33 magistrados que en su momento firmó un manifiesto de apoyo al proceso soberanista, comunió ayer el archivo de la causa contra los seis concejales de este muncipio imputados tras la denunciaa del PPC por abrir el 12 de octubre, en lo que el juez opinó que fue una «escenificación» que no constituye delito porque «el derecho penal no castiga las ‘performances’» .