Claves jurídicas de la decisión del Tribunal Constitucional contra Carme Forcadell

Se trata de la primera vez que el TC deduce testimonio contra una alta autoridad. No se trata de uno de los instrumentos con los que la ley que regula al órgano de garantías ha dotado al Tribunal (como la posibilidad de suspender de funciones a un cargo público o la imposición de multas), sino de una herramienta que el Tribunal Constitucional siempre ha tenido en sus manos, si bien nunca hasta este momento había tenido que utilizarla.

Estas son algunas de las claves jurídicas de la actuación del Constitucional a raíz de las reiteradas acciones del Parlamento catalán en su proceso hacia la desconexión.

¿Qué implica deducir testimonio?

Cualquier tribunal tiene la potestad de informar a los órganos competentes (jurisdiccionales) cuando considere que se ha podido cometer un delito. En este caso, el Tribunal Constitucional insta a la Fiscalía a investigar si Forcadell desobedeció las resoluciones del propio TC.

¿Podría el Tribunal Constitucional abrir una causa penal?

No tiene potestad para abrir una causa penal ni imputar a nadie, ya que no es un órgano jurisdiccional, pero sí para instar a la Fiscalía a que investigue posibles delitos.

¿Carme Forcadell ya tiene la condición de investigada?

No. La tendrá si la Fiscalía denuncia su actuación ante los tribunales competentes y estos deciden llamarla a declarar como imputada (ahora investigada).

En este caso, ¿cuáles son esos tribunales competentes?

Al ser Carme Forcadell la presidenta del Parlamento catalán, el competente para investigarla es el TSJ catalán por ser aforada autonómica.

¿Se procederá contra ella?

La decisión está en manos de la Fiscalía, que tiene que interponer la querella, como hizo contra Mas, Ortega, Rigau y Homs por el 9-N. La fiscal general ha dicho que actuaría al pronunciarse el TC.

¿Podría haber sido más contundente el TC?

La ley que reforma el Tribunal Constitucional dota a este órgano de herramientas que antes no tenía, como la posibilidad de suspender a un cargo público o imponer multas de hasta 3.000 euros. El TC, sin embargo, no ha querido hacer uso de una ley que está recurrida ante él mismo, y resolver antes ese recurso habría implicado retrasar las medidas contra Forcadell.