«Simularon el 1-O un dispositivo engañoso y fraudulento»

La magistrada procesó ayer por dos delitos de sedición y por organización criminal al antiguo jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, a quien ubica en el grupo criminal liderado por Carles Puigdemont para empujar hacia la secesión. Lamela atribuye a Trapero el mando de la utilización ilegal del cuerpo policial autonómico, al subordinarlo al «procés», una estrategia premeditada para conseguir la secesión con una insurreción social para desbordar al Estado. Su misión el 1 de octubre fue, según la juez, facilitar la votación ilegal y obstaculizar la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que buscaron impedir el referéndum, siguiendo las órdenes de la Justicia.

«Para asegurar el éxito del proceso resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos», explica la magistrada, que también envía a juicio a los dirigentes políticos del cuerpo autonómico: el exdirector general de la Policía de la Generalitat Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig. Ambos por organización criminal y un delito de sedición, por el referéndum.

La antigua intendente de los Mossos Teresa Laplana es procesada por un solo delito de sedición, por el acoso que sufrió la Guardia Civil el 20 de septiembre del año pasado. Una masa de militantes indepententistas impidió la salida de la comitiva judicial, hostigó a los agentes y destrozó tres vehículos oficiales, sin que el cuerpo autonómico actuase durante horas. Este suceso explica el segundo delito de sedición de Trapero, un crimen que castiga un alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza la labor de la justicia o de la policía. Su pena puede alcanzar hasta los 15 años de cárcel.

Lamela describe una auténtica organización criminal encabezada « bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña . Advierte que los líderes secesionistas formaron un grupo jerarquizado, con reparto de roles, con permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, con el plan ilegal de lograr la independencia catalana por la vía de los hechos. Dentro de ese esquema, los Mossos se mantuvieron al margen de cualquier actuación de la Policía y la Guardia Civil destinada a impedir el «procés».

En su auto, la magistrada asegura que la actuación de los Mossos el día del referéndum «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia». Así, la policía autonómica siguió la pauta anunciada previa y públicamente por Forn, Soler y Puig y ejecutaron un «mandato político» con la connivencia del jefe de los Mossos, en «conexión directa» con los miembros del comité estratégico, los antiguos gobernantes de Cataluña procesados por el Tribunal Supremo.

La investigación ha desvelado que los Mossos emplearon incluso un código propio, denominado «Clave 21» , para comunicarse fuera del canal corporativo del cuerpo autonómico, que funcionó como un cauce alternativo. La juez asegura que los agentes «utilizaron para ello tanto teléfonos móviles particulares como corporativos, asignados a las dotaciones policiales».

Con este método, los Mossos transmitieron información de la labor de la Policía y la Guardia Civil, a quien sometieron a «una auténtica vigilancia», según la juez. Emitieron más de 200 comunicados sobre los movimientos de las patrullas de la Policía y la Guardia Civil. La juez desgrana de forma pormenorizada todas las acciones y las omisiones destinadas al incumplimiento del auto judicial que prohibió la apertura de los colegios electorales y obligó a impedir el referéndum. Tambien revela la juez que la Brigada Móvil de los Mossos se dedicó a quel día a los servicios ordinarios, sin acudir a los centros de votación, pendiente de un partido de fútbol y una protesta.