Tras su cese como fiscal general, Julián Sánchez Melgar regresa a su plaza en el Supremo

Se buscan magistrados para la Sala que juzga a los políticos en el Tribunal Supremo

El CGPJ no reducirá las plazas para la Sala Segunda pese al regreso del exfiscal general, Julián Sánchez Melgar

MadridActualizado:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantendrá la convocatoria de tres plazas de magistrado para la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados y la que estudiará los recursos presentados contra la sentencia del caso Gürtel, según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas.

El regreso del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a su plaza en esta Sala Penal tras su repentino cese por la moción de censura del PSOE (el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró) había planteado ciertas dudas sobre el futuro de esa tercera plaza al regresar a la misma su titular. Las otras dos corresponden a las vacantes por el fallecimiento de José Manuel Maza y por el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. Las fuentes antes citadas señalan que el CGPJ no tiene previsto reducir esta convocatoria a dos, porque causaría un perjuicio a los aspirantes, de forma que el magistrado que obtenga la que inicialmente correspondía a la vacante de Sánchez Melgar (en comisión de servicios mientras fue fiscal general) se quedaría como adscrito a la Sala Penal hasta que quede alguna plaza libre.

Las tres plazas sacadas a concurso corresponden al turno de especialistas, que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reserva a los magistrados «que hubieren accedido a la categoría mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o que las superen ostentando esta categoría».

El pasado 3 de mayo, la Comisión Permanente del Consejo acordó abrir la convocatoria tanto a los magistrados que cumplen ese requisito como a los que «hubieren prestado diez años de servicios en órganos especializados en el orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate». En ambos casos se exige una antigüedad mínima de diez años en la categoría de magistrado y de quince en la carrera judicial.

El órgano de gobierno de los jueces abrió esta segunda opción ante el escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitar la convocatoria al primero de los supuestos.

Llarena, Melgar y otros diez

Y ello, porque en la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo –Pablo Llarena y el propio Julián Sánchez Melgar- y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Serían por tanto seis los posibles aspirantes a las plazas.

De los 34 candidatos que hasta ahora han presentado su solicitud, hay 12 que hoy prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, entre ellos Enrique López, Concepción Espejel, Eloy Velasco o los que recientemente han discrepado en la sentencia de Gürtel por la condena al PP a título lucrativo: José Ricardo de Prada y Ángel Hurtado.

Incremento de asuntos

La cobertura de las tres plazas permitirá completar la planta de la Sala Segunda, que la ley establece en quince magistrados –incluido su presidente- procedentes de tres turnos distintos: seis del turno general, seis del turno de especialistas y tres del turno de juristas.

A fecha de hoy, la Sala Segunda solo cuenta con doce magistrados –tres de ellos especialistas-, a lo que hay que añadir que el pasado 1 de octubre cesaron los cuatro magistrados eméritos que desempeñaban allí su función jurisdiccional.

La disminución en el número de magistrados y la consiguiente necesidad de cubrir las vacantes fue puesta de manifiesto por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en un escrito dirigido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, del que la Comisión Permanente tomó conocimiento el pasado 26 de abril.

Esta situación ha coincidido, además, con un incremento del 15 por ciento del número de asuntos ingresados en los dos últimos años. En ese periodo de tiempo también ha aumentado un 38 por ciento la cifra de asuntos pendientes y un 32 por ciento las causas en trámite contra aforados.