Sauquillo: «Los asesinatos de Atocha adelantaron todo el proceso democrático»

La cadena de sucesos comienza el 23 de enero de 1977: un joven es asesinado en una manifestación a favor de la amnistía política. El 24 por la mañana, el GRAPO secuestra al teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Ese mediodía, otra estudiante muere en otra manifestación y, por la noche, un grupo ultraderechista acude al despacho de abogados de derecho laboral de Comisiones Obreras, en Atocha 55, y asesina a cinco abogados, hiriendo a otros cuatro. El viernes el GRAPO mata a dos agentes de la policía armada y a un guardia civil. En ese momento, España vive el clima más grave desde el final de la guerra civil. «El único momento en que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la última semana de enero», llegó a reconocer el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa.

«Los asesinatos de Atocha fueron un acto de provocación », dice a ABC Cristina Almeida, quien entonces trabajaba allí como abogada. «Van allí porque creen que la reacción será una huelga de transporte, que había concluido el día anterior. Querían una reacción de violencia, de huelga, de involución, para volver hacia atrás en vez de ir hacia adelante». No la encontraron. «Consiguieron lo contrario, que aquellos jóvenes fueran los primeros mártires de la democracia», dice la exsenadora socialista Francisca Sauquillo, cuyo hermano Javier fue asesinado esa noche.

En las horas siguientes se desarrollaron unas tensas negociaciones entre el Colegio de Abogados, que se hizo cargo del entierro y los actos de homenaje, el Partido Comunista y el Gobierno de Adolfo Suárez, que llegó a reconocer que no podría garantizar la seguridad de los asistentes a la capilla ardiente ni al cortejo fúnebre.

«El Gobierno no quería un entierro tan masivo, y no estaba dispuesto, tenía miedo», dice Sauquillo. La tensión era máxima, más aún porque seguían secuestrados el teniente general Villaescusa, así como el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, capturado el 11 de diciembre del año anterior.

Finalmente, la insistencia del PCE, entonces en la ilegalidad, de que no habría incidentes y de que garantizaría la seguridad de los asistentes fue crucial para la autorización de los actos. La respuesta fue «de dolor, de silencio y de no venganza», dice Almeida. Jamás se planteó otra respuesta, dice Sauquillo. Todo el cortejo fúnebre se llevó a cabo en silencio.

«Fue un acto ejemplar en el que la contribución a la serenidad, a la prudencia y el orden por parte de los organizadores, en definitiva el Partido Comunista, hizo que el PCE se ganara la respetabilidad por parte de muchos y en buena medida, también, la legalización de unos meses después», reconoció Martín Villa.

Efectivamente, en abril era legalizado el PCE, dos meses antes de las elecciones de ese mismo año. «Esto hizo que las primeras elecciones fuesen las primeras democráticas», opina Sauquillo, que cree que aunque «la democracia la trajo mucha gente , el último acto fue este asesinato , que consiguió adelantar todo el proceso democrático en contra de lo que pretendía». Hoy, para Almeida, esa es «la única alegría» del día más triste de su vida.