Pedro Crespo se perfila como sucesor de Segarra en la Fiscalía General

El fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo, cuyo nombre ya ha sonado en ocasiones anteriores para la Fiscalía General, se perfila como el más firme candidato para ocupar una de plazas clave del entramado judicial , para la que también suenan los nombres de Félix Azón y Almudena Lastra, esta última, mujer del propio Crespo.

Persona de confianza del hoy magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido , con quien coincidió cuando este último era fiscal general y Crespo teniente fiscal de la Secretaría Técnica (órgano de apoyo y asesor del fiscal general), este fiscal de sala es considerado el candidato idóneo para afrontar un mandato en el que las relaciones con Cataluña aconsejan tener en la Fiscalía a una persona más receptiva que Segarra, con más comunicación con el presidente del Ejecutivo (y no sólo con el Ministerio) y, sobre todo, a alguien capaz de dar forma al andamiaje jurídico que volverá a tener como protagonista al secesionismo.

Y es que bajo el mandato del nuevo fiscal general, llegarán al TC los recursos de los condenados del «procés», se juzgará a Carles Puigdemont y al resto de exconsejeros huidos cuando, en su caso, sean entregados a España, o se revisarán las progresiones de grado o permisos de los líderes independentistas presos. En todos estos asuntos, el Ministerio Público tendrá algo que decir.

Vinculado hasta hace apenas unos meses a la Unión Progresista de Fiscales –la asociación que Segarra y Delgado representaban en el Consejo Fiscal antes de sus respectivos nombramientos– Crespo tiene el respeto de la carrera fiscal. Serio, riguroso, técnico y más significado políticamente que Segarra –lo que al Ejecutivo, sin duda, le beneficia ante los tiempos que se avecinan–, Crespo tiene la virtud de ser fiscal de sala, la categoría máxima de la carrera que no ostentaba la actual fiscal general. De cara a presidir la Junta de Fiscales (el órgano que asiste al fiscal general) la cuestión es fundamental, porque hay una opinión extendida de que el futuro de Segarra habría sido otro si hubiera sido capaz de controlar a los cuatro fiscales de Sala del «procés» cuando justo antes del juicio el Gobierno quiso que la acusación contra Junqueras y el anterior Gobierno de la Generalitat se rebajara de rebelión a sedición. Firme ante las presiones, al final tuvo que ser la Abogacía del Estado la que hiciera esa modificación, que se saldó con la salida del abogado jefe de lo Penal Edmundo Bal –hoy diputado de Ciudadanos– ante su oposición a hacerlo.

Y es que pese al último requiebro de la Fiscalía, al cambiar de criterio con tres CDR investigados por terrorismo y pedir fianzas en vez de prisiones incondicionales, la actitud de Segarra respecto al desafío rupturista ha sido contundente y respetuosa con el criterio de los cuatro fiscales que llevaron el caso desde su inicio.

Desde su llegada a la jefatura del Ministerio Público Segarra fue consciente de que cualquier «sugerencia» encaminada a suavizar la acusación contra los líderes del «procés» se iba a topar con la oposición de Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno . Si el primero de ellos, Zaragoza, no hubiera enarbolado la acusación en el juicio del «procés» podría haber sido otro de los candidatos con posibilidades para ser fiscal general, pues, junto con Crespo, aunque en su caso desde la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fue hombre de confianza de Cándido Conde-Pumpido en un momento crucial para España, en plena tregua de ETA, cuando había que «mancharse las togas con el polvo del camino». En un clima de entendimiento con Cataluña, Zaragoza parece haber perdido todas las opciones.