Sánchez claudica y acepta un «relator» en las reuniones con los secesionistas

El gobierno catalán, en manos de Quim Torra , consigue así un primer triunfo al recibir una respuesta positiva a su exigencia de que asistan mediadores para resolver una cuestión «política» , que hasta la fecha el Gobierno consideraba como interna.

Durante todo el día de ayer sonaron distintas definiciones para estos nuevos actores políticos. Lo que para la Generalitat son «testimonios», en boca de Elsa Artadi , portavoz autonómica, para el Gobierno son «coordinadores» o «relatores», en palabras de Calvo, y, por ejemplo, personas que «den fe» de lo que ocurre en las reuniones, para Miquel Iceta , líder del PSC.

En cualquier caso, Calvo negó que esta figura pueda ser considerada un «mediador» porque «no hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el PSOE». Y definió así las funciones que tendría este «relator»: «Si acaso alguien que pueda tomar nota, convocar, que nos pueda coordinar». Pero Artadi desveló , durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán, que en el Gobierno «están muy incómodos con la palabra mediador», por lo que «acordamos no utilizar la palabra mediador», aunque su efecto sea el mismo.

Esta decisión del Gobierno se entendió ayer en el marco de la negociación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está manteniendo estos días con los distintos grupos en el Congreso que le auparon a la Moncloa y apoyaron su moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) para que den su respaldo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) o, como mínimo, que ERC y el PDECat retiren la enmienda a la totalidad que esta misma semana anunciaron los dos partidos independentistas.

Un gesto o cesión para con los independentistas que Calvo, sin embargo, enfocó para conseguir «resolver una crisis territorial importante». Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la vicepresidenta, en respuesta a una interpelación del PP, aseguró que el Ejecutivo de Sánchez no va a hacer «nada al margen de la Constitución». Y defendió el planteamiento de su Gobierno: «Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena».

Pese al paso dado por el Gobierno, siguen existiendo desacuerdos para configurar esa mesa de partidos. Es de interés de los independentistas que esta mesa este formada también por partidos estatales, para que participen de ella PSOE y Podemos . Y aunque ayer las palabras de Calvo fueron algo confusas al respecto, pareciendo que abría la puerta a ello, desde su departamento se insistía en que el Gobierno defiende que los integrantes de esa mesa deben ser partidos catalanes.

Esta política de distensión tiene límites dentro del Gobierno. Ayer en el Senado el ministro de Exteriores Josep Borrell aseguró que «la política del ibuprofeno» habría que «suspenderla» en caso de que el proceso de desinflamar «no da resultados o si ha de depender de condiciones imposibles».

Ya sea con un nombre o con otro, Artadi interpretó como una victoria del independentismo que el Gobierno acepte notarios, testimonios o relatores en las próximas reuniones entre partidos, en una mesa política, que aún están por definir: «Es un paso en la buena dirección». La portavoz de la Generalitat informó de que su comunicación con Calvo es fluida y que llevan días intercambiando documentos. Uno de estos papeles que el gobierno catalán ha enviado a la vicepresidenta es el nombre de los mediadores propuestos por los secesionistas. Nombres que ni Artadi ni su equipo más cercano quisieron desvelar ayer «hasta que no haya un acuerdo, si lo hay». En cualquier caso, desde el movimiento secesionista catalán siempre se ha utilizado los perfiles de personas como Noam Chomsky y Paul Preston, considerados partidarios de sus tesis, y que el Tribunal Supremo, por ejemplo, ha rechazado como «observadores internacionales» al ampliar este concepto -inexistente en la Justicia española- a cualquier persona que quiera ver el juicio del 1-O a través de la retransmisión en directo por internet o acudiendo en persona como público.

A última hora del día el Gobierno de España insistía en que la mesa abierta a los partidos se debe desarrollar «en el ámbito catalán». Y que para «coordinar y ayudar» en su desarrollo se acepta la figura de un relator para coordinar las reuniones. Fuentes de Moncloa aclaraban también que esta figura será «una persona neutral y elegida de común acuerdo».