Sánchez aplica 613.780 veces la ley de Seguridad

De la comunión de Sánchez e Iglesias contra este texto da cuenta el hecho de que, a la hora del acuerdo para la actual coalición de Gobierno, mantuvieron mucho pulso y desencuentro, pero nunca en este aspecto: ambos coincidieron siempre en que su alianza valdría para condenar a muerte un texto que, paradójicamente, les está haciendo un enorme servicio en el peor momento.

«Si la Ley de Seguridad Ciudadana no existiera, habría 614.000 ciudadanos acusados ante la jurisdicción penal, con todo lo que ello supone, ya que en ese caso, si se impone una multa y hay impago, puede desembocar incluso en una pena privativa de libertad, cárcel, y por supuesto generar antecedentes penales, algo que nunca ocurre en las infracciones administrativas», subraya a ABC una fuente jurídica de máxima solvencia, que prefiere que su nombre no se haga público.

Alude en su explicación a que la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) supuso la despenalización de antiguas faltas contenidas en el Código Penal, entre ellas la descrita de su artículo 634, que tipificaba como delito leve «faltar al respeto y consideración debida a la autoridad» y desobedecerles «levemente». Esta previsión se transformó en una «infracción grave» en la LSC, lo que ahora evita que los ciudadanos tengan que rendir cuentas en procesos penales «más complejos, más lentos, más caros y más serios» y solo tengan que enfrentarse a «lo que no dejan de ser multas, como las de tráfico, que además se pueden recurrir ante la Administración primero y luego por vía contencioso-administrativa».

De no haberse aprobado esta ley de Seguridad en 2015, la desobediencia sería, pues, un delito «necesariamente» también, añade la misma fuente, porque «no estaba» en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, la llamada «ley Corcuera», o figuraba «en una redacción más ambigua e incompleta».

Según el Ministerio del Interior, «todas o el 99 por ciento» de las propuestas de sanción efectuadas en este periodo de confinamiento por las fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante este periodo han respondido la LSC. Más concretamente, a ese artículo 36.6, que castiga grave «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». La multa, de 601 a 30.000 euros.

El Ejecutivo difunde día a día las cifras de esta actividad sancionadora. «Jamás pude imaginar que un gobierno del PSOE ¡y con Podemos! iba a salir haciendo gala orgullosos de que multan a ciudadanos en una situación más cuestionable que nunca , con circunstancias a veces que había que tener en cuenta...», indica el experto a cuenta de los impulsos derogadores que los dos partidos han exhibido siempre frente a esta ley.

Al margen de ella, el otro gran correctivo aplicado por las Fuerzas de Seguridad por saltarse la obligación de quedarse en casa es el artículo 556 del código penal, lo que figura en el cuadro situado junto a estas líneas como «detenidos», 5.374 a fecha 16 de abril. Cumplirán de 3 a 12 meses de cárcel por resistencia grave a la autoridad. Al margen, cabe recordar que el Real Decreto relativo a la pandemia del coronavirus preveía sanciones en función de otras dos leyes, la General de Salud Pública y la del Sistema Nacional de Protección Civil, que según el Ministerio se habrían invocado muy poco o nada durante este mes.

Del exhaustivo uso de la Ley de Seguridad dan cuenta los números -de promedio, cada día se elevan 20.459 expedientes con arreglo al 36.6, más que los 13.413 de todo 2018- y que Interior haya difundido una circular para unificar en toda España la aplicación de las multas en función de un «criterio de graduación». A saber, un desplazamiento no autorizado sale por el mínimo, 601 euros, –1.500 si es en copañía o hacia una segunda residencia– y si además se mantiene una «actitud inapropiada» supondrá 2.000 euros, que se elevarán a 3.000 si hay «intimidación» y 10.400 si hay «violencia o amenaza». Esa es la misma cantidad que se contempla por organizar o participar en «actividades en común, festejos o celebraciones etc.,». En otro ámbito, no identificarse se paga a 700 euros y dificultarlo a 1.500.

En julio de 2019, mientras reclamaba sin éxito un Gobierno de coalición que al final sí fraguó, Iglesias reseñaba en su perfil de twitter: «Se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza, aprobada por el PP en solitario (...). Ahora, como entonces, reclamamos su fin». No es exáctamente la actitud beligerante que su formación mantuvo durante los meses en los que, efectivamente, una ponencia en el Congreso negoció la reforma de la Ley de Seguridad, que decayó con ocasión de la moción de censura cuando ya se habían realizado avances . Entre ellos, la posibilidad de comunicar de forma exprés manifestaciones de urgencia con solo cuatro horas de antelación.

El propio PP quedó sorprendido de que ni Unidas Podemos ni el PSOE pelearan por el anunciado desguace o «derogación» de la ley que tanto habían defendido. Subrayaron, en particular, que los socialistas, ya no en la oposición, sino con Pedro Sánchez en La Moncloa, «renunciaron y matizaron a la baja» muchas de las reivindicaciones que habían hecho antes de llegar al poder.