La ruptura de Cataluña: «Vuelva usted mañana»

La previsión de los 18 meses para confirmar la ruptura se recogía en la «Hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán», documento rubricado el 30 de marzo de 2015 por Convergència Democràtica (CDC), Esquerra Republicana (ERC), así como por las entidades soberanistas, la Associació de Municipis per la Independència, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), entonces presidida por Carme Forcadell.

Aunque algunas voces desde el independentismo ya alertaron en su momento de que poner plazos a la ruptura era contraproducente, la presión de los sectores más «hiperventilados» condujo a poner negro sobre blanco unas intenciones que ahora se demuestran imposibles. La ficción de los 18 meses se trasladó también, incluso con más detalle, al programa electoral de Junts pel Sí (Convergència más Esquerra), la coalición electoral a la que el presidente Artur Mas logró arrastrar a Oriol Junqueras a cambio, precisamente, de no dilatar más el adelanto de las elecciones.

En el programa de la coalición se especificaba que, en caso de mayoría soberanista en el Parlament, y tras completar las «estructuras de estado imprescindibles para ejercer la plena soberanía» se proclamaría la independencia «a partir de la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español». Tras esto se debía aprobar la ley de Transitoriedad jurídica , a la que seguiría una ley del Proceso constituyente para «regular la fase parlamentaria y refrendaria» para aprobar la nueva Constitución. Posteriormente, se añadía, «comenzará la segunda fase» de elaboración de la Constitución del «nuevo Estado» con la convocatoria de unas elecciones constituyentes «en un periodo máximo de 18 meses» desde la celebración del 27-S. Es decir, el próximo lunes. Nada de nada.

El resultado de los comicios de septiembre se digirió mal. El independentismo no ganó el plebiscito en voto absoluto, pero sí una precaria mayoría en el Parlament, quedando JpS en manos de la CUP. Sin fuerza social para imponer la ruptura, pero sí para forzarla desde el Parlament.

La primera consecuencia de esos comicios fue la reformulación de la hoja de ruta, como se comprobó en la declaración de «inicio del proceso» del 27 de octubre, en la que JpS asumía por primera vez su disposición a saltarse la legalidad -«el Parlament no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado»-. Por contra, ya no se aludía al plazo de 18 meses. La declaración es considerada por muchos independentistas como un clamoroso error, al asumir la estrategia de unilateralidad de la CUP, pero sin garantizarse su apoyo a la investidura. Esto no se conseguiría hasta enero, y con el duro precio para CDC de «echar a Mas a la papelera de la historia». En el acuerdo parlamentario entre los antisistema y JpS del 9 de enero -que la CUP incumplió también al no votar los Presupuestos- tampoco se hacía mención a ningún plazo.

Definitivamente, las promesas se las llevó el viento, y la llegada de Carles Puigdemont a la presidencia implicó una reformulación, la enésima, de la «hoja de ruta». La cuestión de confianza a la que se sometió para salvar la legislatura tras el no de la CUP a las cuentas, hizo saltar por los aires cualquier previsión anterior.

El nuevo acuerdo con los anticapitalistas -explicitado en la moción y el debate de Política general de octubre de 2016- se marcaba una nuevo hito: referéndum, como muy tarde, en septiembre de 2017. Una nueva fecha, la última frontera. Otro «vuelva usted mañana».