Elsa Artadi (d), ayer en el Parlament - EFE

El relevo de Jordi Sànchez alarga la negociación entre JpC y ERC

La CUP enfría el optimismo secesionista: el acuerdo está «muy lejos»

BarcelonaActualizado:

El nombre de Jordi Sànchez, como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, está sobre la mesa de Junts per Catalunya (JpC) desde el día siguiente a las elecciones del 21-D (tal y como informó de ello ABC el 23 de diciembre) y es el candidato de Carles Puigdemont, una vez que este constató su incapacidad real para llevar las riendas de la administración autonómica desde Bélgica, país al que se fugó de la Justicia el 27 de octubre pasado.

La estratagema de Puigdemont sigue siendo la misma: si Sànchez -en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo- no puede ser investido, entrará en liza Jordi Turull, exconsejero de la Presidencia y también embarcado en el mismo proceso judicial que Sànchez, pero en libertad con cargos y que podría quedar inhabilitado para el ejercicio de cargo público en el momento en que el magistrado del Supremo cierre la instrucción y le impute el delito de rebelión.

Con esta jugada, Puigdemont, pero también JpC, ERC y el PDECat, intentarán poner de manifiesto lo que, en su opinión, es una «represión del Estado contra las decisiones del pueblo catalán» al impedir que tres candidatos ejerzan como presidente de la Generalitat. Tras ellos, Elsa Artadi, opción sin implicaciones judiciales, podría asumir la presidencia autonómica.

Así, las reuniones entre JpC y ERC -a las que ya se ha sumado la CUP, pues los diputados antisistema son imprescindibles para la elección del presidente- se centran en el control de la firma al frente de la Generalitat. Es decir, si Sànchez es investido, falta por saber quién será el vicepresidente o el consejero primero -por este orden-, que asumirá las funciones de un presidente en prisión.

Hasta ahora, ERC tiene en gestión -según el reparto de Consejerías entre JpC y ERC- la vicepresidencia de la Generalitat, en continuidad del relato que quiere «restablecer el gobierno» anterior a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De ahí la importancia de la persona que ocupe la vicepresidencia, pues puede ser el próximo dirigente que se haga cargo de las riendas del día a día de la Generalitat. Desde ERC no confirman nombres oficialmente, pero los de Oriol Junqueras -sin renunciar a proponer a su líder- barajan los nombres de Marta Rovira y Pere Aragonès.

Esta situación no convencería a JpC, ya que perdería el control del gobierno catalán en manos de sus socios de ERC, y por lo tanto están estudiando otras opciones -que no han trascendido- que les «blinde» mantener la presidencia real y la honorífica.

Mientras tanto, a la espera de desembalar el paquete central del próximo gobierno catalán, JpC y ERC, en este caso sin contar con la CUP, siguen con el reparto de las distintas áreas y Consejerías de la Generalitat. La imagen pública, la portavocía y la comunicación son claves y ambas formaciones quieren controlarlas. Todavía no hay acuerdo. Sí lo hay, tal y como avanzó este diario ayer, para el reparto de los medios de comunicación de la Generalitat. La presidencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) estaría en manos de ERC, mientras que las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio serían para JpC.

Por otro lado, fuentes del PDECat confirmaron ayer a ABC que Josep Rull, Marc Solsona y Lluís Font, además de Turull y Artadi, serían los mejor situados de JpC para convertirse en consejeros del próximo gobierno catalán. Y David Elvira, Jenn Díaz y Raül Romeva, además de Rovira y Aragonès, podrían asumir, dentro de la cuota de ERC, distintos departamentos, si bien estos nombres no están confirmados por el partido de Junqueras.

Y, sin embargo, todo acuerdo final debe pasar por el visto bueno de la CUP. Sus votos son imprescindibles para una investidura independentista y ayer rebajaron la euforia advirtiendo de que «estamos muy lejos de un posible acuerdo, todavía». Carles Riera (CUP) recordó que: «La CUP no aceptará una institución republicana en el exilio y una gestión autonómica y autonomista en Cataluña».