Las regiones del PP se preparan contra la «cruzada» de Sánchez

Salvo giro inesperado en el guión, el secretario general del PSOE será investido presidente el próximo martes y formará el primer Gobierno de coalición a nivel nacional en España, con una hoja de ruta que fija subidas de impuestos y amenaza las grandes reformas impositivas de PP y Cs. En Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Galicia o la Región de Murcia contemplan expectantes el inicio de una batalla entre el liberalismo y el intervencionismo económico.

El acuerdo de coalición presentado el lunes recoge el compromiso de reformar la financiación autonómica, reclamación unánime del conjunto de las autonomías, pero este objetivo ya asumido en el pasado se percibe con escepticismo . Por el momento, los hechos. En Andalucía todavía escuece la intervención de su autonomía financiera por un déficit heredado de los 37 años de gobiernos socialistas.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, lo definió ayer en una entrevista con Europa Press como «una cruzada» de Sánchez «contra los andaluces» por las primeras medidas tomadas por el Gobierno de Juanma Moreno: bonificar el 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones, o bajar el tramo autonómico del IRPF y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En la entrevista, la popular acusa a Sánchez de «vender Andalucía para comprar La Moncloa» y se muestra pesimista por su futuro mandato junto a Podemos y los independentistas.

El Estado todavía adeuda a esta comunidad 537 millones de euros por la liquidación del IVA, pero el Gobierno no dudó en intervenir las cuentas andaluzas. «No creo que ocurra (que Andalucía incumpla el objetivo de déficit), pero si ocurre, hay un responsable, que es el que se está quedando el dinero de los andaluces : Sánchez».

El tono empleado por López apuntala los comentarios ya vertidos estos días por los presidente y vicepresidente autonómicos, Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs), que coinciden en denunciar la persecución a los andaluces frente a los privilegios a otros territorios de España. «No toleraremos ninguna discriminación», advirtió Moreno en Twitter, a lo que Marín añadió que Sánchez está «vendiendo España por parcelas».

En el centro de la diana, coincidiendo con su ubicación geográfica, está la Comunidad de Madrid. La histórica rebaja de impuestos anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, choca frontalmente con la política impositiva que pretende efectuar el futuro Gobierno de Sánchez y de Pablo Iglesias.

El mes pasado, la Comunidad de Madrid superó a Cataluña como el motor económico de España y desde el PSOE y Podemos se trata de crear la imagen de que esta autonomía es una suerte de isla fiscal contra la que actuar. En la campaña electoral del 10-N, Sánchez ya criticó la supresión del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad –pese a que se hizo anteriormente en Andalucía o que hay otras regiones que están imitando esta medida– porque, según él, provoca que los grandes patrimonios vayan a Madrid acabando con «fuentes de oportunidad en otros territorios». PP y Cs defienden la necesidad de eliminar a nivel nacional un impuesto que «grava la muerte», mientras Sánchez busca «armonizarlo».

Con meses por delante para aprobar las cuentas regionales, la presidenta Díaz Ayuso optó por la cautela ayer en una entrevista en la Cadena Ser y apostó por no precipitarse a elaborar unos presupuestos cuando aún no sabe de cuánto dinero va a disponer. Algo para lo que depende de los Presupuestos Generales del Estado que tienen que armar el PSOE y Podemos. « No sabemos el dinero que se nos adeuda ni cuándo se nos va a devolver . Esto ha supuesto un parón en la parte presupuestaria, pero nada más».

«La Comunidad de Madrid sigue siendo el refugio liberal frente a las políticas intervencionistas y las subidas de impuestos», escribió recientemente en Twitter su vicepresidente, el liberal Ignacio Aguado, que celebró la llegada de 2020 apuntando que los madrileños pagarán este año «casi noventa millones menos de impuestos».

Díaz Ayuso reclamó «firmeza» en esta red social después de conocerse los pactos alcanzados por el PSOE e hizo un llamamiento para no sembrar un «miedo» que solo conduce«a los extremismos». En su entrevista radiofónica, criticó que no la hayan llamado aún para acudir a La Moncloa o que el presidente en funciones nunca se haya reunido con ella. Cabe recordar que su única conversación la mantuvieron en la ronda de llamadas que realizó Sánchez para contar con un pretexto para hablar con Quim Torra.

Esta tensión no solo afecta a las comunidades cogobernadas por PP y Cs. La mayoría absoluta del popular Alberto Núñez Feijóo tampoco libra a Galicia del ninguneo. Después de meses en los que el presidente de la Xunta reclamó a Sánchez la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades –con la que Galicia debía percibir 700 millones–, el asunto solo adquirió trascendencia cuando Torra, en su marco de oposición al Estado, no vio objeción en judicializar el asunto. Ironía aparte, el Gobierno se negó a actualizar las entregas a cuenta aludiendo que no era posible «en funciones»; pero un par de meses después, con las elecciones del 10-N ya sobre la mesa, encontró la vía para hacerlo.

Núñez Feijóo, en la conversación telefónica que mantuvo con el líder socialista, le trasladó que para «rebajar la tensión territorial», lo primero es «que el Gobierno central cumpla con las comunidades en las deudas pendientes ». Galicia todavía debe recibir 370 millones correspondientes al IVA y al cumplimiento con las reglas fiscales. A la espera sigue, un año más, de la llegada del AVE.

«Galicia sigue aguardando los recursos que son suyos y que están inexplicablemente retenidos por el Gobierno central. Siento inquietud por la indefinición de la fecha del final de las obras del AVE», escribió Núñez Feijóo en Twitter, en una alusión más a un problema enquistado que se cronifica con Sánchez en el Ejecutivo. Mientras tanto, el PNV y ERC aguardan radiantes el arranque de la legislatura.