Los miembros de las mesas electorales podrían ser multados con hasta 300.000 euros

Según explica en un comunicado, conforme se indica en la Providencia de 26 de septiembre de 2017 del Tribunal Constitucional , los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, a la que le correspondía la supervisión de la formación de las mesas electorales, renunciaron a sus cargos «dejando previamente sin efecto las resoluciones y los acuerdos adoptados».

De este modo, argumenta que las mesas electorales no han llegado a formarse válidamente dado que, o bien su formación ha quedado revocada, como expresamente comunicaron al TC los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, o bien se habrían formado de modo irregular sin la obligatoria supervisión de la citada Sindicatura, al haber renunciado todos sus miembros a sus cargos.

«Si en la votación prevista para el 1 de octubre se facilita a los miembros de las mesas electorales una copia del denominado censo electoral catalán, los integrantes de las mismas -órganos que no llegaron a tener existencia legal antes de la suspensión acordada por el TC- no podrían tratar esos datos como miembros de un órgano electoral ni como personas físicas que estuvieran desempeñando competencias propias de la Generalitat , toda vez que el Alto Tribunal ha declarado que esta última carece de competencias para la convocatoria de consultas referendarias (STC 51/2017, de 10 de mayo)», argumenta Protección de Datos.

Además, advierte de que la utilización por parte de esas personas del denominado censo, aunque se entregase en formato papel, se estaría llevando a cabo, en consecuencia, a título particular: «De este modo estarían realizando, en su propio nombre, varios tratamientos de datos sin contar con legitimación para ello, afectando a más de 5,5 millones de personas, según el censo electoral de 2015».

Tales tratamientos consistirían, según la Agencia, por un lado, en señalar, en su caso, quiénes habrían depositado su papeleta, quiénes no habrían participado en la votación; por otro, el traslado a un tercero, al término de la jornada, de la lista individualizada de las personas que han votado y las que no lo han hecho.

«El tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los artículos 6 y 11 de la LOPD», avisa, para añadir que en el caso de que se produjeran estas infracciones, los miembros de las mesas podrían ser sancionados, por cada una de ellas, -tipificadas en las letras b) y k) del artículo 44.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos- con multas de 40.001 a 300.000 euros, según el artículo 45.2 de la LOPD.

El consejero de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó , ha calificado de «mentira» la advertencia de la Agencia Española de Protección de Datos de que se podrían imponer multas de hasta 300.000 euros a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1-O.

«Es un intento de amenazar e intimidar, y de incorporar el miedo en el debate. Es un intento de espantar a la gente», ha lamentado el consejero a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa este viernes.

Mundó ha dicho sentirse triste de que el Estado tenga como respuesta la intimidación ante la celebración del referéndum: «Solo hablan de multas, querellas y sanciones. A menudo lo que hacen es mentir, y en el caso de la Agencia de Protección de Datos es otra mentira».

Ha recordado que la Autoritat Catalana de Protecció de Dades se ha desmarcado de la alerta de la Agencia Española y ha asegurado que «en ningún caso se les puede multar« porque los integrantes de las mesas no son responsables del tratamiento de los datos personales.

«Creo que los ciudadanos españoles agradecerían que el Gobierno --del Estado-- hiciera propuestas y no intentase apagar el fuego con gasolina», ha concluido el conseller de Justicia.