La Generalitat lleva años legislando una «dictadura digital»

Rescantando algunas propuestas aprobadas en los últimos años, la actual administración presidida por Carles Puigdemont podrá disponer de «superpoderes» ejecutivos sobre los contenidos de internet para establecer una batalla digital en condiciones de ventaja. Los pasos necesarios para proclamar una hipotética Cataluña independiente, de hecho, se han llevado a cabo desde hace tiempo. No se trata de una cuestión puramente actual. Con antelación, las diferentes administraciones catalanas habían previsto un marco jurídico que preveía una situación transicional, de ruptura con el Estado español.

Mientras tanto, y de manera prudente y casi silenciosa se ha venido diseñando un posible estado de excepción en el ámbito digital. En el preámbulo VII de la Ley 22/2005 , que regula la comunicación audiovisual de Cataluña, se deja entrever que la normativa prevé, dentro de la aparente inocencia de su título, una regulación de la comunicación de contenidos multimedia también en internet.

La norma incluye una extensión hacia el ámbito digital que, desde la aprobación de la Ley de Transitoriedad -anulada por el Tribunal Constitucional-, cobra mayor relevancia. «Los operadores de redes, los servicios de comunicación electrónica y los operadores de servicios de acceso condicional, si bien están sujetos al régimen jurídico establecido por dicha legislación de telecomunicaciones, han de respetar las disposiciones establecidas por esta ley en cuanto al contenido que transmiten al público», reza al artículo de la ley aprobada.

Pero con anterioridad, el Gobierno de Jordi Pujol se aseguró un entorno digital en el campo de las competencias. El artículo 6 de la Ley 2/2000 regula la composición del órgano de gobierno destinado a controlar y regular la comunicación audiovisual de Cataluña. En consecuencia, la administración regional está preparada para hacer uso en cualquier momento de esta legislación y ya prevé una situación de emergencia y excepción por parte de la Generalitat de cara a concentrar mayor poder sobre la Red . Todo ello sugiere un afán de dominio sobre internet en Cataluña para el que habría un respaldo legal específico.

Rescatando así algunas viejas leyes se encontraría un escenario soñado por los defensores de un estado independiente. Como el artículo 75 de la Ley 22/2005, en donde se establece que la información [de los contenidos] puesta a disposición del público debe de ser «correcta, precisa y susceptible de comparación», aunque también las actividades de inspección (artículo 128): « Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual están obligados a facilitar, en todo aquello que sea necesario, las actuaciones inspectoras ». De forma que en un supuesto caso en el que los órganos catalanes consideren que el medio en cuestión no se atiene a una línea ideológica puede solicitar una inspección.

Ha sido Hispalinux , asociación de desarrolladores y usuarios de software libre, la que ha alertado sobre la extrema gravedad de este marco legal, que seguiría vigente en caso de que entrara en vigor la Ley de Transitoriedad Jurídica. El referéndum sería un «despertador» de esta legislación «adormecida» y claramente totalitaria que permitiría cotas de concentración de poder e intervención sobre la Red prácticamente ilimitadas.

La hoja de ruta de la Generalitat ya fue advertida por el colectivo «hacker» Anonymous que desveló que una fundación pública próxima a los Mossos d’Esquadra, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), realizaba operaciones de vigilancia, identificación y perfilación ideológica de los ciudadanos, anticipando un mapa político de la ciudadanía digital catalana, con nombre y apellidos , en previsión de un estado de excepción electrónico.