El TC ve los recursos de Montilla contra su negativa a declararse incompetente

Éste último pidió que el Constitucional se abstuviera de resolver no sólo el recurso del PP contra el Estatut, sino también los del Defensor del Pueblo y los planteados por las Comunidades Autónomas de Murcia, La Rioja, Baleares, Valencia y Aragón.

Los recursos son una respuesta a la decisión del tribunal del pasado 27 de mayo por la que se desestimó "sin ningún tipo de argumentación" el incidente procesal que la cámara catalana había presentado un día antes exigiendo la inhibición del Constitucional, ha informado el Parlamento catalán.

En un comunicado, la Cámara explica que su recurso de súplica pretende que el tribunal "responda motivadamente los argumentos jurídicos aducidos" debido a que la ausencia de respuesta "produce una situación de indefensión, al desconocer las razones por las que se rechaza la demanda".

Según fuentes del Gobierno catalán, el Ejecutivo de José Montilla también reclama al TC un auto en el que argumente su rechazo a la petición de que el alto tribunal se inhiba de fallar sobre el recurso contra el Estatut.

En ocho providencias notificadas el pasado 27 de mayo, el Constitucional no sólo rechazó declararse incompetente para emitir una sentencia sobre el Estatut, sino que recordó a la Generalitat y al Parlamento catalán que la ley establece que los magistrados deben seguir en funciones hasta que tomen posesión sus sustitutos.

El tribunal respondió que no había lugar a lo solicitado por la Generalitat y el Parlament y citaba el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según el cual los magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles". En los escritos remitidos al TC por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña se instaba al tribunal a declararse incompetente y no pronunciarse sobre el Estatut.

En concreto el documento del Parlamento catalán alertaba de la "pérdida de legitimidad" del TC para dictar una sentencia al "incumplir un requisito exigido por la Constitución", como el principio de mandato limitado de los magistrados, ya que cuatro de ellos se mantienen en el órgano pese haber cumplido su mandato en 2007.

Sin embargo, el pleno del Tribunal Constitucional insistió en cada una de las ocho providencias en que es la propia ley orgánica que regula el tribunal la que establece que hasta que no tomen posesión los que sean designados nuevos magistrados, permanecerán en funciones los que ya han cumplido su mandato.

Por lo tanto, mientras no haya un acuerdo entre las fuerzas políticas que permita la renovación de los magistrados en funciones, el tribunal con su actual composición seguirá deliberando sobre la sentencia del Estatuto, que lleva casi cuatro años pendiente.

De hecho, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha convocado al pleno para el próximo jueves para someter a su consideración un nuevo borrador de sentencia redactado por ella misma tras asumir la ponencia el pasado 19 de mayo y que será el séptimo que estudie el tribunal desde que se presentaron los recursos.