La realidad pone límites a las utopías de la coalición PSOE-Podemos

Es una de las medidas estrella del nuevo Gobierno en materia fiscal. Además de por la recaudación que pueda aportar para las arcas públicas , para la coalición PSOE-Podemos esta cuestión es fundamental por lo que representa en términos políticos al gravar a las grandes empresas tecnológicas. El pasado martes el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley para crear este nuevo gravamen, también el de la tasa Tobin. Sin embargo, en su exposición de la medida el Gobierno ya reconoció una menor recaudación. Los 1.200 millones de euros previstos ya se reduce a 968.

Esta nueva tasa digital grava con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad online, servicios de intermediación digitales y la venta de datos obtenidos a través de la información del usuario. Afecta a las grandes compañías digitales con unos ingresos mundiales de al menos 750 millones de euros al año y que en España superen los tres millones. Está articulada para cobrarse de forma trimestral, aunque el Gobierno ha retrasado el primer cobro hasta la última semana de diciembre , ante la perspectiva de que pueda concretarse una iniciativa a nivel global a través de un debate en la OCDE.

Sin que esté muy claro que más cuestiones tendrá que abordar el ministro de Comsumo en lo que queda de legislatura, esta pasada semana se ha presentado el proyecto para regular la publicidad del juego y de las casas de apuesta , que se ha quedado en una versión muy descafeinada respecto a lo defendido inicialmente. La publicidad del juego no será «similar a la de los productos del tabaco», como se acordaba en el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

De hecho el fútbol, que estaba en la diana de la confluencia morada por el crecimiento en los últimos años de su vinculación con las casas de apuestas, no se verá afectado por la nueva regulación. Los partidos de fútbol ni otros eventos deportivos que comiencen a partir de las 20 horas no verán restringida la publicidad del juego. Tampoco los equipos de fútbol tendrán que renunciar al patrocinio de las casas de apuestas, ni a portarlo en sus camisetas.

El descontento Con Alberto Garzón entre las bases del partido y en formaciones del mismo espacio político es muy grande porque no se haya procedido a la prohibición del juego online como mejor forma de combatir la ludopatía, principalmente entre los jóvenes. El portavoz de la formación de Íñigo Errejón en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, describía gráficamente la tibieza del proyecto del nuevo Ministerio de Consumo: «Ni se prohiben los bonos, ni la publicidad en televisión, ni en redes sociales pese a haber hecho campaña anunciando lo contrario. Visto lo visto, lo que menos entiendo es para qué insistieron en tener competencias para regular el juego. Mal día».

El modelo está caducado desde 2014. Tras no abordarlo en la pasada legislatura, se comprometió incialmente que 2020 podía ser el año de la reforma. Más tarde se impuso la prudencia y Sánchez extendió el plazo temporal para cambiar el modelo a toda la legislatura. Aunque podrá sacarla adelante sin el consenso con el PP, de momento la cuestión sigue retrasada. La Comunidad Valenciana, una de las regiones más afectadas por el actual modelo, tiene esta cuestión entre sus prioridades.

En su pacto de investidura con el diputado de Compromís, los socialistas firmaron que en «los ocho meses posteriores a la investidura, el Gobierno de España presentará una propuesta» del nuevo sistema.

Fue una de las grandes batallas entre los socios cuando se negoció el pacto de Gobierno. Unidas Podemos siempre defendió la derogación total de la reforma laboral de 2012 . Por no hablar de que en sus inicios como formación política se demandaba la derogación también de la reforma socialista del año 2010. En una batalla más de relato que de práctica, Podemos destacó que en el pacto aparece la «derogación» de la reforma laboral, sin edulcorantes. Y sin hacer referencia a la derogación únicamente de los «aspectos más lesivos» de la norma, como siempre ha defendido el PSOE.

Pese a esa concesión en la redacción del pacto, la realidad camina ya por senderos más parecidos a los defendidos por los socialistas. «Técnicamente no es derogable toda la reforma laboral, sería irresponsable». Así reconocía la realidad la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, poco después de tomar el cargo. Y esta misma semana se refirió a que sería «frívolo» pensar que podía efectuar «de golpe» la derogación de la reforma laboral.

Mientras en Unidas Podemos aseguran que es ahora el PSOE quien tiene un discurso más parecido al suyo respecto a la crisis en Cataluña, los socialistas se jactan de que Pablo Iglesias estará en la mesa de negociación renunciando a defender el referéndum. Ambas cosas son ciertas. El Gobierno, por decisión del presidente, se ha embarcado en una negociación contraria con su planteamiento durante la campaña electoral del 10 de noviembre, cuando ni siquiera quería aceptar a Quim Torra como interlocutor.

Los cambios en el Código Penal para plasmar el «solo sí es sí» en la reforma de las penas sobre los delitos sexuales han causado el primer choque visible entre los socios. En primer lugar el Gobierno tuvo que recitificar en su intención inicial de abordar en conjunto la reforma del Código Penal en la que también pretende modificar las penas del delito de sedición, lo que beneficiaría a los presos independentistas condenados en el Tribunal Supremo. Finalmente, como quería Unidas Podemos, el proyecto de ley de tramitará por separado.

Pero esta semana ha tenido lugar el primer choque entre ambos socios, después de que desde la formación de Pablo Iglesias se manifestase a los medios de comunicación que se estaban encontrando frenos por parte del Ministerio de Justicia . Desde el Gobierno fuentes socialistas han criticado la manera en que estaba plasmada la norma. Ambas partes han pretendido dar por zanjada la cuestión. Pero falta claridad. Desde Unidas Podemos han asegurado que sí se incluirá la premisa de «solo sí es sí», aunque desde el Gobierno de forma oficial se ha rechazado dar más detalles.

El segundo elemento de fricción esta semana ha tenido lugar en relación a la figura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska . El Gobierno ha seguido procediendo a las devoluciones en caliente y el fallo esta semana del Tribuna Europeo de Derechos Humanos sobre esta práctica provocaron tensos debates en el seno del Gobierno de coalición.

Hubo que pactar no criticar el fallo de Estrasburgo, pese al enorme malestar que causó en Unidas Podemos. «Por mucho que se diga, la última sentencia no avala las devoluciones en caliente, no es verdad que avale las devoluciones en caliente», dijo el jueves la vicepresidenta Carmen Calvo para tratar de acompasar la posición del Ejecutivo. El fallo de Estrasburgo levantó una condena a España por la devolución a Marruecos de un grupo de personas al entender que «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla». El borrador de una nueva ley de asilo, en la que trabaja Interior, tampoco ha gustado en Podemos por entender que significa un endurecimiento del acceso al asilo.