El Gobierno vasco ve reconocida «una realidad»; la AVT denuncia la «hoja de ruta» pactada por Zapatero

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza , considera que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue la «hoja de ruta» pactada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista y ha retrasado la renovación del Tribunal Constitucional hasta que éste tomara una decisión sobre Sortu. «Ya queda claro que estaba todo pactado con Zapatero y su Gobierno y ha dejado la hoja de ruta a este Gobierno para que termine de rematar», ha criticado, y se ha dirigido directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy para preguntarle si «va a haber más» noticias «negativas» en materia antiterrorista y ha reconocido que, pese a sus deseos, sí espera pasos del Ministerio del Interior contrarios a la voluntad de las víctimas .

El presidente de Dignidad y Justicia , Daniel Portero , ha calificado la decisión del Tribunal Constitucional de «un fracaso de la democracia» que, según ha advertido, se pagará «con dinero y con tiros». Según ha advertido el hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en 2000, la decisión de legalizar Sortu «hace mucho daño a la justicia, la democracia y las instituciones» y demuestra que se va «por el mal camino» en la lucha contra ETA. «Se está legalizando a ETA por la puerta de atrás» , ha avisado Portero uniendo la decisión sobre Sortu a las ya tomadas sobre Bildu y Amaiur.

«Ellos creen que así se va a acabar con ETA y se han equivocado, haber legalizado Sortu y Bildu es hacer que Batasuna-ETA entre por la puerta grande de las instituciones», ha criticado. Portero ha sido muy crítico con el Tribunal Constitucional, un órgano «absolutamente parcial» en el que «no hay profesionales cualificados». «El Constitucional no es independiente y lo ha demostrado en varias ocasiones» , ha recordado. A su juicio, el órgano debería estar formado por magistrados y jueces y no por juristas de reconocido prestigio, como establece su legislación y que según Portero lleva a que esté integrado por «profesionales que no están cualificados».

El presidente de Voces contra el Terrorismo , Francisco José Alcaraz , considera que, con decisiones como la del Tribunal Constitucional de legalizar a Sortu, ETA «está consiguiendo gran parte de sus objetivos» por los que «ha matado y secuestrado a tanta gente». Alcaraz ha dejado claro que «los responsables políticos» son el actual Gobierno de Mariano Rajoy y el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. «La decisión forma parte de la hoja de ruta para legalizar al brazo político de ETA que acordó el PSOE -ha explicado-. Pero el PP es corresponsable porque no ha hecho nada para impedirlo y ha mantenido durante seis meses un tribunal que a todas luces iba a legalizar Sortu».

Para Alcaraz, esta decisión demuestra que la justicia no está en manos de los jueces, sino «de decisiones políticas de magistrados que sirven al poder político de turno ». Y además, representa "un paso atrás" en la lucha antiterrorista. Ante esto, ha augurado que en los próximos meses el Ministerio del Interior seguirá aplicando su «siniestro» plan de reinserción de presos terroristas . «El actual Gobierno cargará las responsabilidades sobre el Tribunal Constitucional, pero no tienen legitimidad moral para criticar la sentencia ni oponerse porque son los responsables de que este tribunal siga existiendo», ha reprochado.

El secretario general del PP vasco , Iñaki Oyarzábal , ha asegurado que su partido, desde el respeto a las decisiones judiciales, acata pero discrepa y no comparte la sentencia sobre la legalización de Sortu, ya que no contribuye a avanzar en la desaparición de ETA. «Políticamente lo que hace falta es que ETA se disuelva, que entregue las armas y que reconozca el daño causado » y, mientras eso no ocurra, una legalización de estas características «no contribuye a avanzar en esa dirección», ha manifestado Oyarzábal. El secretario general de los populares vascos también ha pedido a quienes reclamaban la legalización de Sortu que «exijan hoy mismo la desaparición incondicional de ETA».

Oyarzábal ha lanzado también un mensaje a la sociedad española de «confianza en el futuro» porque el Gobierno es una «garantía» para terminar «de una vez por todas» con el terrorismo con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición del ejecutivo central. « Podemos terminar con ellos y desde luego vamos a poder terminar con el terrorismo sin ningún tipo de cesión política», ha recalcado.

Preguntado por si tiene sentido que continúe en vigor la Ley de Partidos, el dirigente del PP ha contestado afirmativamente porque es «uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra el terrorismo» y ha defendido que siga vigente. Oyarzábal no ha dado más detalles sobre el fallo judicial, a la espera de conocer los pormenores de la sentencia.

El portavoz de los socialistas vascos , José Antonio Pastor , ha dicho que la legalización de Sortu contribuirá a «acelerar el proceso del fin definitivo de la violencia y a reforzar la convivencia en Euskadi ». En una comparecencia de prensa en Bilbao, Pastor ha instado a los dirigentes de Sortu a «hacer realidad con los hechos» las «contundentes» expresiones recogidas en los estatutos de la formación contra la violencia de ETA, que son las que, en su opinión, «han volcado» la decisión del Constitucional a favor de la legalización.

El portavoz del PSE-EE, que ha calificado de «buena noticia» el fallo del alto tribunal, ha dicho que esta sentencia "ha hecho oficial lo que ya era real" en la sociedad vasca, una expresión ya utilizada esta mañana por el lehendakari, Patxi López, al referirse a este asunto. Pastor ha añadido que la decisión del Constitucional es un «síntoma evidente» de que la democracia «funciona» en España, «a pesar de lo que dicen algunos».

La líder de UPyD , Rosa Díez , ha considerado «escandaloso» el fallo del Tribunal Constitucional que legaliza Sortu, que pese a ser legal supone «una sentencia incompatible con la justicia». Díez ha lamentado que, como ocurrió hace poco más de un año con su fallo sobre Bildu, el Constitucional ha «corregido» la sentencia del Supremo, que es en realidad la última instancia de la justicia en la que se pueden analizar pruebas y dictar sentencia. Díez ha advertido de que UPyD «no va a descansar» y no da por perdida esta batalla a pesar de que la sentencia del Constitucional no admita recurso.

Por eso ha anunciado que plantearán, si es necesario, una revisión de la ley de partidos «para evitar que los enemigos de la democracia estén dentro de las instituciones democráticas» y trabajen desde ellas «para terminar con esa sociedad plural y democrática que ha combatido, desde su nacimiento, la organización terrorista ETA». Pese a reconocer que el fallo es legal, Díez ha sugerido antes que «vulnera la legalidad» no solo porque no permite recurso, sino porque corrige la sentencia del Supremo, cuando la labor del Constitucional debería limitarse a estudiar la constitucionalidad de los asuntos. Además ha recordado que también corrige la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que, como el Supremo, consideró a Sortu «testaferro de ETA».

Rosa Díez ha criticado por otra parte la «prisa» que se ha dado el Constitucional para dictar este fallo; lo ha hecho, en su opinión, para «dejar el asunto zanjado para que la misma mayoría de magistrados» dictara la misma sentencia que en el caso de Bildu. El Constitucional «lo ha querido dejar atado y bien atado» , ha añadido la líder de UPyD, para quien ese tribunal legalizó hace un año «la marca blanca» para ahora hacer lo mismo con «la marca oscura» y permitir que ambas entren en las instituciones para hacerles daño desde dentro.

La diputada de Geroa Bai , Uxue Barkos , ha subrayado que la legalización de Sortu es «una buena noticia» que «hay que celebrar» . «Una noticia que no es sino la legalización de un partido que quiere hacer política en el terreno de la política», ha señalado Barkos. La decisión del TC implica que la formación abertzale podrá concurrir a las próximas elecciones que se convoquen, lo que, para la diputada de Geroa Bai es «una noticia en positivo».

Ezker Anitza-IU ha considerado un «avance» en el «proceso» de normalización política en Euskadi la legalización de Sortu, la formación impulsada por miembros de la ilegalizada Batasuna, decidida hoy por el pleno del Tribunal Constitucional. El coordinador general de esta formación de izquierdas, Mikel Arana , ha recordado en un comunicado que Ezker Anitza-IU siempre se opuso a la Ley de Partidos, por la que fue ilegalizada Batasuna, y ha considerado que en el caso de Sortu «se estaba aplicando la ilegalización preventiva , lo que lo convertía en un esperpento jurídico».

Arana ha indicado que «a la izquierda abertzale se le pedía un rechazo claro de la violencia de ETA, y los estatutos de Sortu la contienen de manera nítida». «Por tanto, cualquier impedimento para su registro hubiera sido inaceptable desde todo punto de vista», ha concluido el dirigente de Ezker Anitza-IU y único parlamentario vasco con que cuenta esta formación.

El diputado de ERC Joan Tardà se ha congratulado por la sentencia del Tribunal Constitucional que va a permitir a Sortu concurrir a las elecciones y ha asegurado que la decisión hace «descarrilar» el «guión» que tenía marcado el Gobierno respecto a las formaciones de la llamada «izquierda abertzale». Tardà ha justificado la decisión del Constitucional porque «no se pueden poner puertas al campo de la democracia», y ha asegurado que los republicanos catalanes están «orgullosos» porque ERC defendió desde siempre que no se podía impedir a Sortu inscribirse en el registro de partidos políticos.

Ha asegurado además que el Gobierno del PP «pretendía mantener la criminalización de las ideas y ganar las contiendas electorales a partir de la exclusión de una parte de la ciudadanía vasca», por lo cual la sentencia viene a reconquistar la «normalidad democrática». En su opinión, «era muy fácil justificar un escenario de vulneración de derechos civiles cuando existía violencia , pero cuando no existe violencia y hay voluntad por todas partes de superar el conflicto y hacer crecer la semilla de la reconciliación es imposible justificar esta vulneración de derechos civiles».