Raúl Morodo y su hijo utilizaron su bufete para blanquear fondos de PDVSA

Para los investigadores, según las fuentes consultadas por ABC, es llamativo que el primero de esos contratos de asesoría se firmara apenas unos meses después de que Morodo dejara la embajada, aunque posteriomente se sucedieron varios más hasta el año 2013. En algunos de ellos se utilizó asimismo una sociedad instrumental panameña para hacer opacas las transacciones económicas. La Udef sostiene que el principal implicado en esta trama es el exembajador, al que sin embargo no se detuvo en atención a su edad (84 años), aunque tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los arrestados son su hijo Alejo y otras tres personas vinculadas, alguna venezolana.

A primeras horas de la mañana los agentes, que actúan en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por Pedraz, procedieron a las detenciones y a ocho registros , entre ellos, además del bufete, el de la vivienda de Raúl Morodo y del resto de los sospechosos. A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Hasta el momento el papel de Raúl Morodo en esta operativa de blanqueo era desconocido. A día de hoy parece que fueron los contactos que hizo en su etapa como embajador en Venezuela la clave para que esos contratos pudieran firmarse, si bien habrá que esperar a las declaraciones y al resultado del análisis de la documentación intervenida para poder aquilatar estas sospechas. El exembajador fue quien presentó a Rafael Ramírez, presidente de la petrolera estatal, a su hijo Alejo, y a lo largo de su trayectoria en Caracas mantuvo una sorprendente cercanía con el régimen chavista.

La mayor parte de los 4,5 millones de euros de PDVSA habrían sido derivados por esta trama a través de una sociedad pantalla panameña, Furnival Barristers Corporation, que tiene cuenta en Suiza. Se trata de una firma que está a nombre de «hombres de paja» pero que en realidad está controlada por Alejo Morodo. El resto lo fue a través del propio bufete de los Morodo, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L., que además de en Madrid tiene actividad en Portugal, donde también fue embajador.

El dinero pasaba por un conglomerado de empresas para evitar que se pudiera seguir el rastro y acababa siendo utilizado en inversiones inmobiliarias. El objeto formal de alguno de los contratos, en concreto el firmado en agosto de 2008, era «la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo». Lo más sorprendente es que en aquellas fechas PDVSA no sólo no tenía actividad alguna en esos dos países, sino que tampoco estaba en sus previsiones tenerla... Por esos servicios fantasma el bufete se embolsó unos 800.000 euros.

Profesor de Derecho Constitucional, Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio de 2004, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con anterioridad fue embajador en Portugal, diputado europeo por el CDS, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador ante la Unesco. Todo ello después de haber fundado en el franquismo, en la clandestinidad, el Partido Socialista Popular (PSP) con Enrique Tierno Galván, que acabó uniéndose al PSOE de Felipe González.

El saqueo a PDVSA es el mayor escándalo de los muchos ocurridos durante la presidencia de Chávez. En este momento hay tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que investigan lo sucedido y tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar enormes cantidades de dinero obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia del dictador.

Sólo en España hay abiertos tres procedimientos judiciales, dos en la Audiencia Nacional y otro más en los juzgados de Madrid. A ellos se suma ahora el posible recorrido judicial que pueda tener la denuncia presentada por siete diputados venezolanos contra empresarios de su país, entre ellos Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Pero además otros dos países, Estados Unidos y Andorra, tienen abiertos procedimientos.

De los investigados en España sólo dos, el exviceministro Javier Alvarado, y Rafael Reiter, de PDVSA, siguen encarcelados, aunque en el marco de procesos de extradición pedidas por Estados Unidos.