Junts per Catalunya recurre ante el TC la prohibición de una investidura telemática de Carles Puigdemont

Asimismo, los diputados de JpCat han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la nulidad de la medida cautelar que prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont, según ha informado el grupo parlamentario en un comunicado.

El pasado sábado, el TC acordó una medida cautelar -en respuesta al recurso del Gobierno central- en la que se prohíbe la investidura a distancia de Puigdemont y se advierte de que tampoco podrá ser investido «sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión».

En su escrito, los abogados de Puigdemont acreditan su condición de diputado, con todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, « especialmente el de inmunidad parlamentaria », por lo que entiende que no le hace falta pedir «ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos», señala el comunicado.

Desde Twitter, su abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha subrayado que Puigdemont goza de « todas las prerrogativas parlamentarias , inmunidad incluida».

Asimismo, los diputados de JxCat han presentado recurso contra el acuerdo adoptado por el TC, que «no acordó la admisión ni la no admisión a trámite» del recurso del Gobierno, sino que impuso unas medidas cautelares que a su juicio son « nulas de pleno derecho ».

Según JxCat, estas medidas « vulneran derechos fundamentales », dado que no han sido solicitadas por ninguna de las partes, e «invaden la autonomía del Parlament» y la «competencia exclusiva de la Mesa» de la cámara catalana en la aplicación e interpretación de su reglamento.

Por ello, piden que se declare la nulidad de la decisión del TC y que se acuerde su suspensión cautelar mientras se tramita el recurso.

En paralelo, Puigdemont ha enviado una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent , para pedirle «amparo» y que adopte «las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament».