PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para paralizar los desahucios mientras dure el estado de alarma

Podemos espera que el decreto ley pueda presentarse en el Consejo de Ministros «cuanto antes», «ojalá» el próximo martes, aunque prefieren no dar por seguro una fecha. Por su parte, fuentes del PSOE en el Gobierno decían ayer que se presentaría antes de Navidad.

El acuerdo que han alcanzado en el Gobierno de coalición ha sido filtrado por Podemos antes de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos , de quien depende el área de Vivienda, se pronuncie al respecto. Otro gesto que hace manifiesto el pulso que PSOE y UP estaban librando en la coalición para capitalizar la medida social .

UP, ERC y Bildu retiraron ayer la enmienda antidesahucios a los Presupuestos. Al partido del vicepresidente le costó convencer a los socios de investidura ya que estos no tenían garantías de que la medida se cumpliría en los términos que exigían. La iniciativa registrada por la terna de 53 diputados pretendía mantener la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros hasta diciembre de 2022.

El acuerdo alcanzado por Vicepresidencia y Transportes es extender por el momento la prohibición hasta mayo. Menos que su reclamo en la enmienda. Pero el entorno del vicepresidente reivindica que gracias a ellos se abrió el debate en el Gobierno. Y en lo que respecta a los cortes de suministros, señalan, se sigue negociando y esperan poder informar pronto de un acuerdo en los mismos términos.

Iglesias apretó a los socialistas el jueves y, adelantándose también al ministro de Transportes, anunció que «en los próximos días» presentarían la norma. La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero , se empleó en subrayar ayer que es Transportes quien trabaja en el decreto, así como fuentes socialistas explicaron en el Congreso que el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo trabaja para «hilar fino» la ley y no favorecer indirectamente la okupación.

«En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna —explican fuentes de Podemos— Las CC.AA. serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que será siempre una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue)».

La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante , que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados así lo aleguen. Además, el pacto incluye también a las familias en estado precario en viviendas de grandes tenedores: «En este caso las CCAA tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad», explican.