PSOE, Podemos y Cs piden que los tesoreros de los partidos se formen con dinero público

Y es que el punto 47 del dictamen advierte que «para mejorar el control interno de las formaciones políticas es preciso realizar un esfuerzo por mejorar la formación de las personas encargadas de la gestión económico-financiera». Se ampara en «la complejidad de la legislación» para considerar «oportuno» que las Administraciones Públicas realizaran «un esfuerzo por hacer accesible a los miembros de todas las formaciones instrumentos formativos que facilitaran la comprensión de las numerosas obligaciones impuestas a las formaciones políticas en su actividad económica».

En concreto, consideran que creen que estos instrumentos deben ser cursos, pero también «materiales, mecanismos de consulta...». PSOE, Podemos y Ciudadanos creen también que esta tarea debería recaer en el Tribunal de Cuentas y las instituciones que cuentan con grupos políticos formalmente constituidos y vinculados a partidos políticos como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos e incluso las corporaciones locales. Se da la circunstancia de que los encargados de las cuentas en cada partido son empleados contratados por la propia formación de manera equivalente a una empresa privada, salvo en contados casos en que los partidos no tengan ingresos y esta tarea recaiga en voluntarios.

Además, los tres partidos pretenden elevar el coste que los partidos políticos tienen para los ciudadanos incrementando las subvenciones. En su punto 34, el citado dictamen prevé crear nuevas ayudas para premiar a los partidos que presenten un número de hombres y mujeres equilibrado en sus listas electorales u órganos de gobierno, establezcan la limitación interna de mandatos, alcancen determinados niveles de transparencia -ya obligatoria por ley-, implanten sistemas de control interno eficaces dentro de la organización o eleven la participación en los procedimientos de toma de decisiones.

Cabe recordar que el dictamen también establece la financiación pública de las elecciones primarias que celebre cada partido para escoger a sus candidatos al Gobierno Central, comunidades autónomas, provincias y alcaldías así como componentes de sus órganos de decisión como presidente o secretario general.

Tanto el PP como el PNV y el PDECAT presentaron votos particulares a la vista de este dictamen. Todos ellos critican que la legislación de los partidos se considera uno de los instrumentos que protegen y mantienen la democracia y, por lo tanto, correspondía que sus reformas se realizaran buscando la unanimidad o el mayor consenso posible. No ha sido así en esta ocasión ya que, critican, PSOE, Podemos y Ciudadanos consensuaron el texto sin contar con el resto y decidieron no prorrogar los trabajos de la subcomisión, pese a que una semana antes había existido consenso en lo contrario.

Además, a juicio de los populares el dictamen debería haber incluido solución a los agujeros existentes actualmente en la legislación de los partidos como el crowdfunding para el que proponen una regulación rigurosa y un procedimiento de control que resida en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También creen que el texto aprobado debería ahondar en las condonaciones de créditos de los bancos a los partidos, la falta de datos sobre los inmuebles propiedad de las formaciones o el establecimiento de sanciones en caso de que Tribunal de Cuentas no apruebe las finanzas de alguna formación.

Pero ninguno de estos temas interesaba regular a PSOE, Podemos y Ciudadanos, critican, y por ello se han quedado fuera . El PP también censura que buena parte de los puntos incluidos están ya contemplados en las distintas normativas vigentes. Citan como ejemplo cerca de diez puntos relativos a la transparencia de la financiación de los partidos, la obligación de publicidad de estatutos, códigos éticos o programas electorales, el papel del Tribunal de Cuentas o el refuerzo de las funciones de control de este organismo. Y cargan contra que el dictamen cree un único modelo de partido político frente a la libertad que establece la Constitución, en cuanto a estructura y funcionamiento. No en vano, la única limitación que impone la Carta Magna es que las formaciones sean democráticas. El dictamen queda ahora a la espera de ser elevado al Pleno para su aprobación definitiva aunque, por el momento, no tiene recorrido jurídico y serán los grupos parlamentarios los que deberán decidir cómo y cuándo lo transforman en ley.