El Gobierno estima que los controles a los alquileres no se aplicarán hasta 2024

El acuerdo final reparte triunfos y derrotas a ambos lados del Ejecutivo. Pero en la cuestión que ha enquistado durante meses las negociaciones, el control de los precios del alquiler, es Podemos el que sale victorioso. La formación morada ha logrado incluir en el texto la intervención de los precios, aunque esta solo afectará a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas. En la práctica, fundamentalmente bancos y fondos de inversión.

Es decir, el impacto de la norma es limitado. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo contempla una moratoria de 18 meses para que las comunidades apliquen estos controles de precios una vez aprobada la ley estatal, cosa que no será hasta finales de 2022. En estos 18 meses se complementará el índice de precios de alquiler «con otros datos más actualizados» que marcarán las zonas tensionadas en las que se podrán imponen estos límites .

Este plazo alargará todavía más la aplicación efectiva de la ley. El Ejecutivo estima que llevará la norma al Consejo de Ministros a finales de año, y durante el año que viene se producirá una compleja tramitación parlamentaria. En el plan remitido a Bruselas se estimaba que la norma se aprobará por las Cortes Generales durante el tercer trimestre de 2022. Ahora a ese plazo se suman otro de 18 meses como máximo de moratoria para delimitar de forma correcta los índices que marcarán qué zonas están tensionadas

Además, solo se aplicarán los topes en las autonomías que así lo deseen y tengan zonas tensionadas. Regiones como Madrid ya comunicaron ayer su completa oposición a la intervención. Tal y como ha informado ABC, los fondos internacionales están muy atentos al desenlace de la ley y contemplan suspender inversiones si es demasiado agresiva, lo que llevó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a oponerse a los controles del alquiler.

Para los pequeños propietarios no habrá controles, sino incentivos fiscales. Los caseros que bajen los precios respecto al anterior contrato gozarán de bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% de las rentas. Eso sí, no podrán subir los precios. Fuentes gubernamentales explican a ABC que habrá prórrogas automáticas por el mismo precio del alquiler mientras se mantenga la zona tensionada.

El proyecto contempla asimismo la opción de que los ayuntamientos impongan un recargo del 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que permanezcan desocupados. Para ello, la norma delimitará lo que se considera una vivienda vacía. Según ha podido saber ABC, PSOE y Unidas Podemos solo habilitarán este recargo para los propietarios de más de cuatro viviendas que mantengan deshabitadas al menos dos de ellas por un periodo de dos años o más. Una vez habilitado este castigo fiscal serán los ayuntamientos los que decidirán si imponer este recargo.

Otro de los ejes sobre los que pivotará la ley será el fomento del alquiler social. Como ya hizo Cataluña, el Gobierno obligará a que todas las promociones destinen al menos el 30% de sus inmuebles a viviendas protegidas. Y de estas, la mitad serán pisos sociales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró tras el Consejo de Ministros de ayer que «todavía no hay fecha para aprobar la ley de Vivienda». Además, Bolaños refirió a la futura normativa como «una ley muy ambiciosa» que será «esencial» para garantizar el derecho a la vivienda entre «la gente que tiene mas dificultades». El objetivo del Gobierno es llevar la norma a Consejo de Ministros antes de que finalice el año.

El Ejecutivo ultima, además de esta ley, medidas específicas para los jóvenes que se quieran independizar. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que aprobará un bono vivienda de 250 euros mensuales para los menores de 35 años que quieran independizarse y cobren menos de 23.725 euros anuales. «Vamos a destinar una política pública a reducir la edad de emancipación» remarcó el presidente. Eso sí, la medida, que emula el cheque vivienda puesto en marcha por Zapatero en 2010, no estará incluida en la ley de Vivienda, sino que se recogerá en los Presupuestos para 2022, que se aprobarán este jueves.

El Gobierno mantiene bajo llave la letra pequeña de la norma. Aún así, el mundo económico ya se revuelve contra ella. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró ayer que supone una «una distorsión brutal» de «la libertad y el derecho a la propiedad». Desde Idealista, por su parte, recordaron que «en España ya vivimos lo mismo cuando se aprobó la renta antigua , que arrasó con el alquiler en las siguientes décadas».