El PSOE denuncia a Vox ante la Fiscalía General del Estado por difundir supuestos bulos contra el Gobierno

Los socialistas denuncian incluso, según informa Servimedia, un ensañamiento «especialmente» destacable con la portavoz parlamentaria y vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra

Imagen de un Consejo de Ministros Extraordinario EP

16/04/2020
Actualizado 17/04/2020 a las 10:06h.

El PSOE presentó el pasado martes 14 de abril ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los tuit de Vox de los días 18 de enero, 2, 6 y 7 de abril, según ha podido saber ABC. En el escrito, firmado por el secretario de Organización del PSOE, el también ministro José Luis Ábalos, se aportan varios mensajes de Vox en Twitter.

Estos hechos, según esta formación política, ponen en evidencia una actuación a través de este medio por esta organización de manifiesta y reiterada "incitación al odio frente al PSOE, su ideología, y lo que esta representa, mediante ataques directos, que lesionan tanto su honor como organización, como la del Gobierno, de la manera más grave que se puede producir, mediante la imputación, con absoluto conocimiento de su falsedad, de la comisión de delitos".

El PSOE entiende "la libertad de expresión de modo amplio como el Tribunal Constitucional, que ampara la manifestación de crítica y el desacuerdo de la manera más expresiva posible. Sin embargo, entendemos que ningún derecho es ilimitado, como ha expresado igualmente el Tribunal Constitucional, tampoco la libertad de expresión de una formación política en relación a otra formación política o a la acción de esta a través de las instituciones. El limite, es la comisión de delitos, nadie, ni tan siquiera una formación política, se puede amparar en la libertad de expresión manifestada a través de la crítica política para cometer delitos".

A juicio de los socialistas, "estos tuit pueden suponer una posible comisión de los delitos de injurias y calumnias, de los artículos 205 y ss. del Código Penal, pero, además por su gravedad y su objeto pueden dar lugar a su consideración como “delito de odio” conforme al art. 510 del Código Penal, en relación con unos determinados pensamientos políticos, el socialismo, representado por esta formación y dirigido directamente a sus representantes en las instituciones, especialmente en el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, como en el caso de Adriana Lastra, portavoz del grupo parlamentario socialista".

El PSOE considera que "la escalada de agresividad frente a esta organización a través de este perfil de la red social de la formación política Vox nos ha llevado a presentar esta denuncia ante esta Fiscalía en este momento, por cuanto estos ataques dirigidos al Gobierno y a nuestra representante en el Congreso de los Diputados, ya superan incluso la vulneración de los derechos contra el honor y posible consideración de estos como delitos de odio, sino que estas conductas pueden también entenderse comprendidas en el artículo 504.1 del Código Penal, que tipifica como delito especial las injurias, calumnias, y amenazas graves al Gobierno de la Nación".

"Manipulación torticera"

Esta formación política considera que la acusación de “ocultación” al Gobierno de la Nación, "incluso mediante la manipulación torticera de una foto que siembra falsamente la Gran Vía de Madrid de féretros en relación a la pandemia del Covid-19, lesiona el prestigio de esta institución, frente a los ciudadanos que han sido quien a través de su elección democrática y las normas que lo regulan han colocado a sus componentes al frente del mismo, superando con ello todo límite de la crítica política, y como decía el Tribunal Constitucional actuando en contra del “deber de solidaridad política”, que tratándose de una formación política, más aún debiera respetar como parte del juego democrático".

Finalmente, entienden que "es clara la voluntad con estos tuit de crear una sensación en la ciudadanía de inseguridad, miedo y desconfianza, alterando para ello la ya afectada tranquilidad de los ciudadanos a consecuencia de la pandemia, con la única motivación de atentar contra el honor del Gobierno y provocar una reacción en contra de este, lo que pudiera entenderse comprendido en la conducta prevista en el art. 561 del Código Penal.