La Prensa se rebela contra el plan de Justicia para controlar a los medios

«Que el fiscal sea el único cauce oficial y exclusivo de la información es un intento más del Gobierno para restringir la libertad de información», suscribe Nemesio Rodríguez , presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE). Y sostiene que si un periodista, «como profesional reconocido por la Constitución, llega al conocimiento de unos hechos que son relevantes y de interés público —sobre un sumario, por ejemplo—, tiene derecho a publicarlos una vez que ha comprobado que son veraces».

Tal y como informa ABC este jueves, la Fiscalía será el único cauce «oficial» de información durante la instrucción y tendrá el control del sumario, de forma que será quien seleccione los datos de la causa que quiera que trasciendan a los medios de comunicación y se reservará los que no.

De este modo, el presidente de la FAPE reitera que la entrega al fiscal instructor de «la potestad de decidir la información que se difunda» sobre un determinado caso «restringe abiertamente el derecho constitucional a la libertad de información». «La potestad de seleccionar qué elementos son de interés informativo para su publicación no corresponde a un fiscal, sino a los periodistas», defiende.

Así lo considera, también, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que estima que el Gobierno no debería garantizar el acceso de los medios tan sólo a informaciones «con un claro interés social». «No puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz», expresan.

Ante el plan de Justicia y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Rodríguez cuestina la propuesta: « ¿Qué ocurriría en el caso de que un periodista publicara algo que el fiscal instructor no ha autorizado? ». «¿Tiene previsto el Gobierno imponer sanciones a los periodistas y medios, más allá de las limitadas a los filtradores de la información?». Un derecho, que, como sostiene Rodríguez, «no debe ser restringido».

La Fiscalía, conforme a la nueva LECrim , se consolidaría como un «monopolio» en el control de la información , donde se implantaría de facto un sistema «censor» que implicaría, según se cita en el anteproyecto, que pueda instar al «secuestro de la publicación, la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva, la interrupción de la prestación del servicio, así como la retirada de páginas web o el bloqueo de acceso a las mismas». Esta medida sería controlada en última instancia por el juez de garantías al tratarse de derechos fundamentales.

Además, los órganos gubernativos y policiales no estarían autorizados para transmitir datos relativos al procedimiento en curso, lo que afecta directamente a la relación del periodista con sus fuentes. «Corresponde al Ministerio Fiscal transmitir la información oficial del procedimiento de investigación que está bajo su dirección», señala el anteproyecto.

Desde ambas asociaciones rechazan «rotundamente» cualquier tipo de «control o regulación de la información» que pretenda imponer la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, «especialmente las referidas al secuestro de publicaciones», y muestran su «completo desacuerdo» con cualquier intento de restringir la libertad de información .

Ante las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , en las que explicaba que «por vez primera una ley regulará las comunicaciones con los medios de comunicación», la APM manifiesta su «honda preocupación» y defiende «a ultranza» que «no puede limitarse el derecho constitucional a la información, uno de los pilares del sistema democrático». «Las palabras del ministro levantan todo tipo de sospechas», sentencian.