El PP exige parar de inmediato el traslado del etarra Kantauri a la prisión de Logroño

Los populares registrarán esta tarde una proposición no de ley a la que ha tenido acceso ABC -iniciativa no vinculante, pero que insta al Gobierno a actuar- en la Comisión de Interior del Congreso , donde quiere aunar los suficientes apoyos para reclamar al Ejecutivo frenar «otro paso de indignidad» en su política de acercamiento a los presos etarras a cárceles próximas al País Vasco.

El pasado 26 de noviembre, el Gobierno acordó otros ocho acercamientos de presos etarras, la mitad de ellos con delitos de sangre. Con esos serán ya 115 los etarras trasladados a las proximidades del País Vasco durante el mandato de Pedro Sánchez . Una disposición que se ha acelerado en los últimos meses, como denunció ayer la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra , desde que el Ejecutivo mostró sus cartas y comenzó a negociar con EH Bildu -coalición heredera de la ilegalizada Batasuna, brazo político de ETA- su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Entre la primera reunión de Pablo Iglesias con los diputados de Bildu y el sí de los «abertzales» a las cuentas en el Congreso, confirmado ayer en cada votación, han transcurrido dos meses y medio en los que se han acercado al País Vasco a un total de 52 presos etarras .

En 1996, Kantauri ordenó el secuestro de funcionarios de prisiones para usarlos como monedas de cambio. La banda terrorista secuestró a Ortega Lara el 17 de enero de 1996 y lo mantuvo privado de libertad durante 532 días, hasta que la Guardia Civil lo liberó en Mondragón el 1 de julio de 1997. En ese tiempo, ETA retuvo al funcionario de prisiones del centro penitenciario de Logroño mientras exigía el acercamiento al País Vasco de los presos etarras dispersados por toda España. Los funcionarios de dicho centro protagonizaban cada miércoles encierros y concentraciones en la prisión para hacer frente a las amenazas de ETA y reclamar la libertad de su compañero, detalla el PP, que subraya cómo se movilizó la sociedad de Logroño para exigir el día 17 de cada mes su puesta en libertad.

Ahora, Kantauri será trasladado a la prisión de Logroño, donde habrá quince presos de ETA juntos . Una cifra que puede ser superior al número de funcionarios en ciertos turnos, según han denunciado ellos mismos. «Hace 22 años, la Audiencia Nacional declaró probado que ETA ordenó secuestrar al funcionario de prisiones Ortega Lara a fin de "presionar al Gobierno para forzar el traslado de presos de ETA" a Euskadi», recoge el PP, que denuncia cómo ahora uno de los responsables de aquellas prácticas se beneficiará de la política que exigían los terroristas.

«La reacción de la banda terrorista una semana más tarde de la liberación de Ortega Lara, el 10 de julio de 1997 -continúan los populares en su iniciativa-, fue el secuestro y asesinato de nuestro compañero de partido el concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco ». Un secuestro y asesinato presuntamente ordenado por Kantauri.

El PP reproduce reacciones de sindicatos de funcionarios de prisiones, que tachan de « bajeza moral sin precedentes» llevar al centro de Logroño «a uno de los máximos responsables de los comandos ilegales de ETA en la época en que estuvo secuestrado Ortega Lara», funcionario de esa cárcel.

«Es una burla tanto para los trabajadores del centro como para Logroño y nuestra comunidad autónoma, que sufrió directamente y con gran intensidad los "zarpazos" de la barbarie terrorista de la banda criminal ETA», insisten desde la representación sindical, en unas palabras que el PP hace suyas.

Los populares también dan cuenta en su proposición no de ley del «currículum terrorista» de Kantauri. Desde su participación en el atentado fallido contra el relevo de la Policía Nacional que prestaba servicio en la estación eléctrica próxima al Club de Natación de Pamplona en 1982, hasta el procesamiento ordenado en 2016 por el juez Eloy Velasco por ordenar Kantauri el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

El terrorista también está detrás del intento de asesinato del Rey Juan Carlos en Mallorca, en 1995. «A pesar de tan sangriento historial, y cuando aún le quedan cuatro años para cumplir las tres cuartas partes de su condena a treinta años, impuesta por los delitos de asesinatos, atentados, secuestro, depósito de armas, detención ilegal y falsificación, el Ministerio del Interior dio el pasado jueves otro paso de indignidad en su política de acercamiento de presos etarras», denuncia el PP.