La posición de la Fiscalía ante los indultos pondrá a prueba a Dolores Delgado

Teniendo en cuenta que los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno acusaron por rebelión durante el juicio y han informado en contra de todos los recursos y peticiones de libertad de los condenados, no parece previsible un informe favorable al indulto, si bien habrá que esperar al análisis pormenorizado de las circunstancias individuales de cada uno para conocer el dictamen que propongan.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la clave es que Delgado, que era ministra de Justicia cuando se celebró el juicio y que impuso a la Abogacía del Estado rebajar la acusación a sedición, se abstenga absolutamente de esta fase del expediente de indulto . Eso implica dejar que sean los fiscales de la causa quienes se encarguen del dictamen, así como mantenerse al margen del criterio que decidan trasladar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Fuentes fiscales apuntan que delegar la tarea en Navajas, que cuando Delgado se abstiene ejerce de facto como número 1, ya no es una opción habida cuenta de lo cuestionado que ha sido su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la pandemia de coronavirus y de que ha cargado contra Madrigal, entre otros, acusándola de estar «contaminada» ideológicamente. Apuntan, en todo caso, que si Delgado quisiera imponer un criterio distinto o un fiscal diferente, tendría que hacerlo con una orden por escrito.

Ese informe de los fiscales irá dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tomará conocimiento del mismo antes de elaborar su también preceptivo dictamen acerca de la conveniencia o no de indultar total o parcialmente a los condenados por la causa del «procés» y en qué condiciones. Su resolución no es vinculante , de modo que el Gobierno tiene autonomía para obrar en sentido contrario.

Sin embargo, a nadie se le escapa el peso de las conclusiones a las que llegue la Sala para cada uno de los casos, que serán analizados individualizadamente y tras escuchar a la Fiscalía y a todas las partes involucradas. Los magistrados tomarán así una decisión informada pero igualmente autónoma y después, tanto su dictamen como el resto de los informes recabados, irán de vuelta al Ministerio de Justicia . Será el fin del expediente de indulto y a partir de ahí, el Gobierno tomará una decisión.

Ese dictamen de los jueces, con todo, tardará aún en llegar, pues los procesos de indulto pueden demorarse un mínimo de seis meses y la tramitación no echará a andar, según el Ministerio de Justicia, hasta la semana que viene. «Se hará con rigor y transparencia», aseguró este miércoles el titular de la cartera, Juan Carlos Campo , en LaSexta.

Existen precedentes de indultos acordados a espaldas del órgano sentenciador. Un ejemplo es el del juez Javier Gómez de Liaño, condenado en 1999 por prevaricación a 15 años de inhabilitación. La Sala Segunda informó contra el perdón, pero el Ejecutivo que comandaba José María Aznar publicó el indulto en el BOE. El Supremo, órgano sentenciador, tuvo que ordenar que se materializase.

Con todo, no es la última pantalla, pues cabe un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Sin ir más lejos, en 2013 anuló el indulto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al entonces consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, al que se habían condonado unos antecedentes penales incompatibles con su cargo, en lo que el tribunal vio un exceso en la aplicación de la figura del indulto.